- POR BENJAMÍN LIVIERES
- Analista político
El país está sumido en una crisis de consecuencias aún inciertas. El colapso de ueno bank, a diferencia de lo sucedido con otras entidades financieras en lo que va del presente siglo, desató un verdadero terremoto económico, social y político. Y no es para menos. Independientemente del capital que representa en el sistema financiero, alrededor del 10 %, tenía como clientes a 3 millones de paraguayos, la mitad de la población, y manejaba fondos públicos por valor de USD 850 millones, de los cuales 355 corresponden al Instituto de Previsión Social.
No estamos, pues, ante “una crisis encapsulada” o “un hecho puntual que no afecta otros ámbitos”, como vanamente pretenden instalar algunos sectores interesados en minimizar la gravedad de la situación. Sus consecuencias son concretas. Al menos la mitad de los clientes defraudados, 1 millón y medio, hoy no pueden cubrir necesidades básicas de alimentación, medicamentos, transporte o sostenimiento de sus pequeños negocios.
Pero no solo eso. Como resultado de lo anterior, el impacto en el comercio fue inmediato. Ocurre que dos de cada tres operaciones electrónicas se realizan a través de cuentas de dicho banco, las que ahora simplemente se esfumaron, según datos proporcionado por la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), mientras que desde asociaciones que nuclean a mipymes advierten sobre una inminente cesación en la cadena de pagos. Si a esto agregamos las repercusiones regionales e internacionales, es fácil concluir que desde el exterior hoy ya no nos miran con la simpatía y admiración con las que nos miraban meses atrás, que los bonos soberanos difícilmente se coloquen en el mercado mundial en las mismas condiciones que antes y que los inversores serán “más prudentes” a la hora de tocar nuestras puertas.
Lo irónico del caso es que se había advertido que pasaría lo que finalmente pasó. El Banco Central del Paraguay, que el pasado 6 de octubre respondía al Senado las preguntas que este le hiciera, respondió que las irregularidades detectadas fueron superadas. Pero antes de que transcurriera un mes, ueno bank desapareció.
Por eso sale a flote quién era su presidente, Carlos Carvallo Spalding. Este se desempeñaba como alto directivo de ueno cuando fue propuesto por el presidente Santiago Peña para encabezar la banca matriz, ignorando los conflictos de intereses que eso suponía. Y también se reflota que el propio Peña fue accionista de la entidad financiera, en la que luego se colocarían fondos públicos y previsionales por más de 800 millones de dólares.
Así llegamos al componente político de esta historia, al presunto vínculo de un grupo empresarial mafioso con el poder, lo que torna más inestable la ya convulsionada situación política. Un contexto por demás complejo, en el que opositores y sectores disidentes impulsan la destitución de Peña, mientras el presidente de Diputados, Raúl Latorre, lejos de defenderlo anuncia que “la bancada oficialista liberará los votos”.
La prioridad ahora es que los pequeños ahorristas protegidos por el Fondo de Garantía (hasta G. 228 millones) recuperen sus depósitos en la mayor brevedad y, en paralelo, desplegar todas las acciones para rescatar los fondos públicos y previsionales, así como de los demás clientes de la entidad. Pero a la crisis habrá que darle una salida global, que recomponga el BCP y restaure la pérdida de estabilidad política que el presidente no supo preservar.
Así llegamos al componente político de esta historia, al presunto vínculo de un grupo empresarial mafioso con el poder, que torna más inestable la ya convulsionada situación política. Un contexto por demás complejo, en el que opositores y sectores disidentes impulsan la destitución de Peña, mientras el presidente de Diputados, Raúl Latorre, anuncia que “la bancada oficialista liberará los votos”.