- Por Juan Carlos Dos Santos G.
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En la semana decisiva en la que millones de brasileños acuden a las urnas, una segunda vuelta electoral para elegir el futuro de su nación, el debate político trasciende los nombres individuales y se sitúa en una encrucijada fundamental: elegir entre el modelo de un Estado interventor y desbordado, o consolidar una agenda de libertad económica, responsabilidad fiscal y firmeza en la seguridad pública.
Brasil ha demostrado históricamente un dinamismo formidable cuando se le permite al sector privado ser el verdadero motor de la riqueza. Durante los años de gestión conservadora, la premisa fundamental fue simplificar la burocracia, fomentar las privatizaciones y reducir el peso que el Estado ejerce sobre los hombros de los contribuyentes. La promulgación de la Ley de Libertad Económica y la atracción de inversiones privadas en áreas estratégicas como el saneamiento, la infraestructura y el agronegocio demostraron que la prosperidad no nace de decretos gubernamentales, sino de la iniciativa individual, la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada.
Frente a quienes proponen mantener el gasto público desmedido y al endeudamiento como supuestas vías de crecimiento, la alternativa conservadora sostiene que la verdadera justicia social proviene de un empleo digno y formal, no de la dependencia estatal. Mantener el equilibrio fiscal y proteger el valor de la moneda no son meros conceptos abstractos para analistas de mercado; son la única garantía real de que el costo de vida no devore el salario de la familia trabajadora.
Por otro lado, la economía no prospera en el caos. La seguridad pública constituye el pilar indispensable para cualquier proyecto de desarrollo sostenible. Durante el mandato de Jair Bolsonaro, la estrategia de tolerancia cero hacia el crimen organizado, el fortalecimiento de las fuerzas policiales y la flexibilización del derecho a la legítima defensa permitieron registrar reducciones históricas en los índices de homicidios y delitos violentos a nivel nacional. Todo lo contrario al último y actual periodo de Lula da Silva.
Garantizar calles seguras no es solo una medida de control social, sino un acto fundamental de protección a las familias y a los pequeños comerciantes que integran el tejido productivo del país. Cuando el Estado garantiza la ley y el orden, los ciudadanos recuperan la libertad de emprender, transitar y prosperar sin el yugo de la criminalidad.
Estas elecciones representan una oportunidad para reafirmar un rumbo claro. Brasil no necesita recetas caducas de intervencionismo que históricamente han derivado en estancamiento y corrupción. Lo que la nación exige es regresar a un modelo que confíe en la capacidad de sus ciudadanos, proteja las libertades individuales y mantenga la firmeza institucional necesaria para asegurar un futuro de paz, trabajo y progreso.