• Dr. José Duarte Penayo
• Filósofo
• Presidente de la ANEAES

El pasado 29 de setiembre, durante la presentación de una plataforma digital del gobierno estadounidense, Donald Trump dispuso que la expresión “inteligencia artificial” fuera sustituida por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales. Nueve días después, anunció en su red social Truth Social que consideraría como su “enemigo” a quien utilizara el nombre anterior.

El episodio me hizo recordar algunas prácticas de la cultura “woke”, de la que Trump se ha declarado adversario. Recordemos que “woke” se relaciona con estar “despierto” en inglés y que, originalmente vinculada a la denuncia del racismo, hoy alude a una sensibilidad progresista especialmente atenta a las identidades, las discriminaciones y el lenguaje.

Sus críticos le reprochan decretar qué puede decirse y qué palabras deben desaparecer, pero ahora ellos mismos descubren las ventajas de administrar el vocabulario ajeno.

Tomemos como ejemplo la libertad de expresión. Defenderla como principio supone reconocerla también al adversario. Pero cuando una opinión se juzga por la identidad de quien la pronuncia antes que por sus argumentos, una frase puede ser valiente en boca de los nuestros e intolerable en boca de los otros.

La libertad termina convertida en privilegio de quienes piensan como nosotros, mientras sus administradores se proclaman, naturalmente, sus más fervientes defensores.

No es casual que este modo de razonar encuentre antecedentes en cierta recepción del pensamiento francés que acompañó y sucedió al Mayo del 68. Aquella constelación sometió a crítica al sujeto racional, a las verdades establecidas y a toda pretensión de universalidad.

Décadas después, algunas de esas herramientas fueron reinterpretadas en las universidades estadounidenses, donde la pregunta por las relaciones de poder se volvió gravitante.

Luego llegó la vulgarización de las teorías, el salto de la crítica a la consigna cultural. El resultado fue paradójico: se volvió sentido común sospechar de toda verdad universal, mientras determinadas interpretaciones comenzaban a exigir obediencia casi religiosa.

Esta sensibilidad nacida de la impugnación de las jerarquías encontró promotores en universidades de élite, grandes corporaciones, plataformas digitales y oficinas encargadas de redactar protocolos para cuidar las “diferencias” y las “sensibilidades”, como dicen quienes tienen la horrible obsesión de pluralizar los sustantivos.

Lo que comenzó como un lenguaje de la emancipación terminó sirviendo para clasificar personas, administrar reputaciones, realizar generosas consultorías y producir nuevos expertos. Una tradición dedicada a desenmascarar el poder proporcionó así un vocabulario cómodo para ejercerlo.

La rebeldía había conseguido algo que las barricadas de París del 68 difícilmente imaginaron, convertirse en un sofisticado departamento administrativo.

Quizás el “wokismo” sea menos una ideología progresista que un espíritu prepolítico, una actitud capaz de instalarse en doctrinas opuestas. Su denominador común sería la renuncia a reglas basadas en la argumentación, reemplazadas por la autoridad de identidades y pertenencias. Donde unos invocan la experiencia de grupos históricamente excluidos, otros invocan la supremacía étnica o nuevas jerarquías naturales. Cambian los símbolos, las víctimas y los culpables, pero permanece el procedimiento: comprobar si quien habla está “autorizado” para formular determinada afirmación.

Así prospera un “wokismo antiprogresista”, con sus sensibilidades heridas, sus propias víctimas, su vocabulario obligatorio, sus ceremonias de exclusión y, por supuesto, sus listas de cancelados.

El caso de Trump resulta particularmente irónico, porque después de que el ala dura republicana dedicara años a denunciar la corrección política, su presidente termina practicándola desde la Casa Blanca, hasta convertir una palabra en prueba de lealtad.

Más aún, asistimos a una curiosa transformación de la célebre distinción entre amigos y enemigos de Carl Schmitt. Aquello que el jurista alemán consideraba una distinción específicamente política aparece revestido de criterios morales e identitarios. Ya no basta con refutar al adversario, también hay que demostrar que pertenece a una categoría moralmente sospechosa y merece ser excluido de la conversación. Para eso alcanza con encontrar una palabra fuera de lugar y convertirlo en un condenado moral, sin derecho a réplica.

El motivo de la inteligencia artificial agrega otra ironía. Durante décadas, ciertos ambientes intelectuales cuestionaron al sujeto racional, la originalidad de las obras y las fronteras entre lo real y sus representaciones.

Ahora que las máquinas escriben, producen imágenes e imitan voces humanas, reaparece la preocupación por la autenticidad y la identidad de los autores. Resulta difícil no sonreír ante la urgencia con que algunas esencias, despedidas solemnemente de los seminarios, vuelven a ser convocadas para defender la singularidad humana.

De ese modo, en una inversión típica de las comedias de enredos, los antiguos deconstructores buscan ahora en el Hombre (como concepto) algo imposible de deconstruir, acaso para tranquilizar su buena conciencia ante los riesgos de la inteligencia artificial, mientras que los cultores de la incorrección política comienzan a mirar con creciente simpatía la posibilidad de regimentar el uso del lenguaje.

Los filósofos franceses no son responsables de cada extravagancia contemporánea, ni podemos confundir la denuncia de injusticias reales con el particularismo de sus versiones más dogmáticas. Importa distinguir las obras de sus usos, una crítica del poder de su posterior aprovechamiento por quienes lo ejercen.

Hay una diferencia fundamental entre denunciar la falsa neutralidad de una regla y pretender que ninguna regla tenga validez más allá de la identidad de quien la invoca.

La primera posición somete los principios a la crítica, mientras que la segunda termina por liquidarlos. Precisamente en esa confusión es donde proliferan los comisarios del lenguaje, de todas las tendencias, siempre dispuestos a decidir qué se puede decir, quién tiene derecho a decirlo y, sobre todo, quién merece ser silenciado.