- POR BENJAMÍN LIVIERES
- Analista político
El senador colorado Natalicio Chase advirtió recientemente sobre el riesgo de que, tras el acuerdo celebrado entre el Gobierno y los médicos se produzca una “cascada de reclamos salariales” en el sector público. Su preocupación radica en las enormes limitaciones del Presupuesto General de la Nación, que en el presente ya tropieza con serias dificultades para cumplir con las obligaciones básicas del Estado.
Lo que plantea Chase no es una hipótesis cualquiera, sino algo que muy probablemente sucederá. Casi una tesis. La pregunta es, entonces, ¿cómo responderán el Ejecutivo y el Congreso al frente tormentoso que se avecina? Es el interrogante que debieron hacerse, sobre todo el primero, hace al menos tres meses, cuando Sinamed convocó a una huelga de 4 días, que se efectivizó del 24 al 27 de agosto. Y ahora, ante la inminencia de lo que no se previó, con más razón.
El conflicto con los médicos, al igual que muchos otros problemas, tiene como base la incapacidad de reconocerlos como tales cuando estos se presentan y más si amenazan con evolucionar hacia una crisis. Problema y crisis parecieran ser dos malas palabras en el diccionario oficial, y minimizarlos o ignorarlos, su política frente a ellos.
Los hechos de la realidad “son como son”, ni se minimizan ni mucho menos dejan de existir porque se los ignore. Esto se demostró en el caso de los médicos, cuyo costo para el Estado terminó siendo mucho más alto del que hubiera sido si se abordaba en sus inicios y posiblemente ni hubieran llegado a la medida de fuerza.
Pedían G. 3 millones por vínculo, para todos. Se les dijo, después de dos meses, “no hay plata”, salvo para ajustar lo que contempla el proyecto de presupuesto, siguiendo los criterios del escalafón. Sin embargo, ya en el marco de la huelga, el Gobierno ofreció USD 53 millones, a ser aplicados en el mismo concepto. Después elevó a 67 millones y, en vísperas de la segunda huelga, más la fuerte presión política de Horacio Cartes y la ANR en favor de priorizar la salud, el monto global ascendió a USD 102 millones, a ser distribuidos entre todos, a razón de G. 2 millones por vínculo.
La deficiente administración de la crisis médica tiene ahora sus réplicas. Los sindicatos del magisterio, con los que tampoco se trabajó a su debido tiempo, piden un trato similar. Y detrás vendrán los trabajadores del ministerio público, del poder judicial y otras instituciones públicas. Para ellos, el “no hay plata” no correrá como respuesta, aunque a los fines de cubrir todas las demandas será más real que nunca, pues se necesitarían aproximadamente otros USD 100 millones.
Gobierno y Congreso deberían, pues, formular una política general ante las demandas “en cascada” que se avecinan y definir de dónde sacar los recursos para financiar lo que sea posible. Sin esto último, la simple aceptación de las reivindicaciones, por más legítimas que sean, sería un acto de soberana irresponsabilidad, como ocurre con algunos legisladores de la oposición, pero darles la espalda también, ya que generaría una situación de mayor crispación social.
Este es solo el punto de partida de un debate más amplio e impostergable: cómo generar mayores ingresos al Estado, para que el Presupuesto General no solo garantice el cumplimiento de sus actuales obligaciones, sino de las futuras, tanto las de carácter social como las referidas a la deficitaria infraestructura vial y energética, que son clave para el desarrollo.