- Jorge Torres Romero
Uno de los grandes problemas de cierta prensa y de buena parte de la oposición paraguaya no es solamente lo que denuncian, sino aquello que eligen no denunciar con la misma intensidad. Porque cuando la indignación depende del nombre, del partido o del sector político del acusado, deja de ser indignación y se convierte en conveniencia.
El caso de Hernán Rivas es un buen ejemplo. Para determinados medios y dirigentes opositores se transformó en un escándalo mayúsculo: portadas, horas de radio y televisión, editoriales, entrevistas y una sucesión interminable de cuestionamientos.
Perfecto. La prensa tiene que investigar, preguntar y exigir explicaciones. Para eso está. El problema comienza cuando esa misma vara desaparece frente a los casos que afectan a los propios.
¿Dónde está semejante nivel de indignación cuando se habla de las denuncias e investigaciones que rodearon la administración de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este?
Magdalena Montiel, desde la Contraloría Ciudadana, expuso públicamente y paso por paso lo que, según sus denuncias, constituía un modus operandi para manejar y desviar dinero de los contribuyentes esteños. No habló simplemente de sospechas lanzadas al aire: describió procedimientos, personas, mecanismos y una supuesta estructura montada alrededor de los recursos municipales.
Todo eso merece, como mínimo, la misma curiosidad periodística. Sin embargo, cuando las denuncias alcanzan a una figura convertida en símbolo de la oposición, aparecen los silencios, las relativizaciones y hasta las defensas.
Y allí surge una pregunta inevitable: ¿la corrupción es repudiable siempre o solamente cuando el acusado pertenece al adversario político?
Porque no se puede levantar la bandera de la transparencia de lunes a viernes y guardarla en un cajón cuando el cuestionado pertenece al sector político que uno simpatiza o pretende instalar como alternativa. La corrupción no tiene color.
Si Hernán Rivas debe responder, que responda. Si existen elementos suficientes para investigarlo, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero exactamente la misma exigencia debe aplicarse a Miguel Prieto y a cualquier otro dirigente político.
No puede existir una justicia moral selectiva.
Lo más llamativo es observar a sectores que construyeron durante años su discurso alrededor de la lucha contra la corrupción terminar justificando, minimizando o mirando hacia otro lado frente a denuncias gravísimas porque afectan a uno de sus principales referentes electorales.
Ese comportamiento tiene consecuencias.
La gente observa mucho más de lo que algunos creen. Percibe cuándo un medio investiga y cuándo milita. Percibe cuándo un dirigente reclama justicia y cuándo simplemente utiliza la corrupción como garrote contra sus adversarios.
Después se preguntan por qué determinados sectores de la prensa pierden credibilidad. Después se preguntan por qué la oposición, pese a contar con amplificación mediática, no consigue transformar esa exposición en mayoría electoral.
Tal vez una parte de la explicación esté precisamente allí: no se puede construir credibilidad reclamando una vara para los enemigos y otra para los amigos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.