• POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
• juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

El rechazo de Islandia a retomar las conversaciones de adhesión a la Unión Europea ha sido presentado por los nacionalistas como una victoria ideo­lógica contra el proyecto supranacional de Bruselas.

Sin embargo, el resultado del 52,8 % refleja algo más complejo que una “ola anti-woke”: el choque de una nación insular celosa de su soberanía económica, sus recursos pes­queros y una fractura territorial entre la metrópoli globalizada y la periferia produc­tiva. La instrumentalización de un resultado pragmático.

Para figuras del nacionalismo en el conti­nente, el veredicto islandés fue proclamado como la enésima prueba de la decadencia del “globalismo de Bruselas” y un impulso directo a la agenda antiprogresista que busca desmantelar la arquitectura comunitaria.

Aunque no están del todo errado, el análi­sis de geopolítica exige huir de las lecturas lineales. Atribuir la decisión de Reikiavik a un fenómeno de “guerra cultural” o a un rechazo identitario hacia Europa distorsiona la reali­dad de una nación de apenas 380.000 habi­tantes que ya forma parte del Espacio Econó­mico Europeo (EEE) y del espacio Schengen.

Islandia no votó el sábado contra los valores europeos ni impulsada por la retórica anti-woke de los mítines continentales; votó, fun­damentalmente, por el control soberano de sus mares y de su economía primaria.

El núcleo duro del “No” sigue estando donde estuvo en 2009 y 2013: en la Política Pes­quera Común (PPC) de la UE. Para un país cuya identidad económica e histórica se cimentó en las llamadas “Guerras del Baca­lao” contra el Reino Unido, ceder la gestión de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) a un marco regulatorio decidido por 27 esta­dos en Bruselas representa una línea roja inquebrantable.

La narrativa pragmática del electorado pes­quero y agrícola se impuso sobre los argu­mentos de las clases urbanas: Islandia ya goza del acceso libre de aranceles al mer­cado único europeo sin tener que someter sus cuotas pesqueras ni su agricultura a la burocracia comunitaria.

En términos costo-beneficio, el incentivo para dar el paso hacia la integración plena era marginal frente al enorme costo de per­der soberanía normativa sobre sus recur­sos naturales.

Donde sí existe un mensaje inequívoco entre el resultado islandés y la dinámica política del resto de Europa es en la división socio­lógica. Los mapas del escrutinio mostraron un país partido en dos.

Reikiavik Norte y Sur respaldaron mayori­tariamente el “Sí”, impulsados por sectores financieros, universitarios y de servicios que ven en la integración política una sal­vaguarda institucional.

Las zonas rurales y pesqueras del Norte y el Sur rechazaron tajantemente la pro­puesta. Esta tensión entre élites financie­ras/metropolitanas y las provincias liga­das a la economía real es exactamente el mismo carburante que alimenta la marea euroescéptica desde el centro de Europa hasta Escandinavia.

Si el nacionalismo puede extraer una lección de Islandia, no es el triunfo de su discurso ideológico, sino el agotamiento del modelo tecnocrático que pretende ignorar las prio­ridades de la periferia productiva.