• Por José Duarte Penayo
• Filósofo. Presidente de la ANEAES

Pensar las cuestiones de fondo del desa­rrollo nacional y sus desafíos requiere un despla­zamiento de la pregunta sobre si nuestro país necesita más Estado o menos Estado. Sin embargo, antes de esta discu­sión, es urgente volver a la pre­gunta sobre el fin mismo de su existencia y, sobre todo, a qué realidad debe servir. Plan­teado de este modo, y utili­zando una definición restrin­gida de Estado (la que lo asocia a su andamiaje burocrático, su andamiaje institucional), abrimos el problema de justifi­carlo en un orden más amplio.

Es en ese sentido que podemos proponer una distinción de tres conceptos: nación, Estado y desarrollo, en ese orden de relevancia. La nación consti­tuye una realidad histórica y social concreta, formada por familias, comunidades, len­gua, costumbres, memorias y formas de solidaridad acumu­ladas a través del tiempo.

El Estado, lejos de ser un fin en sí mismo, es el orden institu­cional y jurídico de la comuni­dad nacional en cuestión. No es el fin de la vida colectiva ni el sujeto que crea desde arriba a la sociedad, al menos no es el caso preciso de Paraguay y es dudoso que lo sea de ninguna sociedad, sino, más bien, el Estado es el efecto de la lucha de un pueblo por la expresión de su inventiva.

El desarrollo, finalmente, no puede reducirse al crecimiento de las estructuras adminis­trativas ni tampoco a la sim­ple expansión de indicadores económicos. Más bien consiste en el despliegue efectivo de las capacidades materiales, cien­tíficas, técnicas y culturales de una comunidad nacional.

La nación tiene, por lo tanto, una anterioridad histórica y social respecto del Estado, aunque ambos terminen vin­culándose de manera insepara­ble en la experiencia moderna. El Estado puede contribuir poderosamente a desarrollar una nación o, por el contrario, obstaculizarla, ya que tiene la potestad de organizar una sociedad, protegerla, coordi­narla e incluso abrirla a posi­bilidades que anteriormente le eran impensadas. Pero siempre actúa sobre una realidad social y cultural cuya consistencia no comienza con la administra­ción pública.

Planteo, de este modo, una dife­rencia decisiva con el constructi­vismo de Hobsbawm, Anderson y otros cultores de la estatalidad instituyente. Bien antes que las instituciones jurídicas se da la existencia de una memoria, una lengua, unas costumbres y una comunidad histórica que no comienzan por ser simplemente “imaginadas”, sino que perte­necen a la realidad misma de lo social. Por eso conserva toda su fuerza y plena vigencia la fór­mula de Natalicio González de El Estado servidor del hombre libre, es decir, un Estado que no antecede ni absorbe a la socie­dad, sino que crea las condicio­nes para que el hombre con­creto, arraigado en su familia, su cultura y su nación, pueda tra­bajar, crear, asociarse y realizar su libertad de modo concreto.

Un Estado servidor, entonces, no es un Estado débil. Es un Estado que actúa movido por un fin, el de ser expresión de las más altas potencialidades un pueblo y, precisamente por eso, puede concentrar su fuerza allí donde resulta necesaria. Ese y no otro es el corazón natalicista del orden social. Adaptado a nues­tra coyuntura, eso significar garantizar, por ejemplo, segu­ridad jurídica, infraestructura, educación, salud, condiciones efectivas de libre competencia y protección de los bienes comu­nes.

De ese modo, se construye el camino para que las familias, las empresas, las universida­des, las cooperativas, los gre­mios y los cuerpos interme­dios puedan desplegar aquello que saben hacer. La función del Estado no debería ser la de sustituir las energías sociales, sino liberarlas, coordinarlas y potenciarlas.

Esta concepción puede ser pensada en estricta relación con el “principio de subsidia­riedad”, noción central en la doctrina social de la Iglesia católica. Con base en dicho principio, la instancia estatal no debe apropiarse de aque­llo que las comunidades pue­den realizar adecuadamente. Esto no significa que el Estado pueda desentenderse cuando las capacidades existentes son insuficientes, sino que la posi­bilidad de su intervención debe estar restringida a la correc­ción de asimetrías, la orienta­ción de esfuerzos estratégicos y la remoción de todo obstáculo para el desarrollo. Su criterio nunca puede ser la expansión de su propia estructura, sino poder facilitar a la comunidad el desarrollo de sus capacidades productivas de manera libre.

Ese principio tiene consecuen­cias económicas concretas: Paraguay debe transformar sus ventajas comparativas en energía, territorio, población, producción agropecuaria y logística en capacidades nacio­nales más complejas, mediante alianzas entre el Estado, las universidades, la investiga­ción y los sectores productivos. Nuestro desarrollo exige cien­cia aplicada, innovación, for­mación técnica y transferen­cia tecnológica, pero también un Estado eficiente, capaz de evitar burocracias redundan­tes y orientar sus recursos hacia objetivos nacionales.

Para ello, un Estado servidor debe ser austero donde sobra y fuerte donde hace falta. Debe, asimismo, ser ambicioso en la construcción de capacidades que permitan convertir nues­tros recursos en conocimiento y productividad.

El programa que propongo puede resumirse en un orden sencillo. Primero la nación, por­que ella es acervo de la identidad que nos distingue, la memoria de los que ya no están, de los que luchan diariamente y de las generaciones que vendrán, en la historia sin fin del Paraguay Eterno. Luego el desarrollo, entendido como el despliegue concreto, específico de todo lo que potencialmente tiene nues­tra nación, de sus capacidades humanas, productivas, científi­cas y culturales. Y finalmente el Estado, como instrumento y no como fin en sí mismo, al servicio de una finalidad: la felicidad y la libertad del pueblo paraguayo.

Paraguay no necesita que el Estado (y mucho menos las agendas globales) le invente un alma que ya existe y per­dura en la entonación de nues­tra lengua, en el canto popular de las celebraciones populares, en la memoria sagrada de los héroes que dieron la vida por la patria. Lo que necesita nuestro país son instituciones capaces de reconocerlas, darle condicio­nes para expresarse y convertir esa libertad concreta en cono­cimiento, trabajo, producción y bienestar. Allí debería comen­zar una política nacional de desarrollo que pueda sobrevi­vir a los gobiernos y convertirse, por fin, en proyecto de país.