• POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
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La memoria histórica de los pueblos no es un archivo muerto: es un territorio vivo donde cualquier chispa reaviva dolores profundos. Las recientes declara­ciones del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, al justificar el gasto militar de su país aludiendo a que Paraguay “deci­dió invadir” Brasil y este respondiera con el genocidio del pueblo paraguayo, genera­ron una herida profunda en la ciudadanía. Para una nación que cargó con la mayor tragedia demográfica del continente en el siglo XIX, escuchar al líder regional revi­vir ese relato con liviandad institucional no es solo una afrenta diplomática, sino un recordatorio de asimetrías históricas que aún duelen.

Ese desprecio por las formas no es una novedad en la brújula internacional del mandatario brasileño, el mismo liderazgo que ha optado sistemáticamente por mirar hacia el costado –o ponerse del lado– de dictaduras como la de Daniel Ortega en Nicaragua.

Pero detenerse en la condena retórica corre el riesgo del análisis superficial. La pregunta central es si estos exabruptos son meros deslices o funcionan como cor­tina de humo para tensiones estructura­les más urgentes. Y el verdadero epicentro de esa tensión no está en los archivos de Curupayty, sino en las planillas contables y las líneas de producción que cruzan la frontera seca.

En los últimos años, Paraguay se consolidó como un imán corporativo para el capital brasileño. Con un sistema impositivo pre­visible, inflación controlada y las ventajas del régimen de maquila, cientos de empre­sas –incluidas fábricas emblemáticas del país vecino– trasladaron total o parcial­mente sus operaciones a suelo paraguayo, escapando del laberinto tributario bra­sileño. Ese éxodo industrial no es inocuo para Brasilia.

Para un Gobierno federal que transita un escenario político delicado a meses de elecciones, la pérdida de industrias y la fuga de inversiones hacia un socio menor pero competitivo se vuelven un flanco polí­tico explosivo.

Los gremios industriales presionan, los empleos que migran ocupan portadas eco­nómicas en San Pablo, y el modelo fiscal paraguayo empieza a leerse desde Planalto no como virtud del libre mercado, sino como “competencia desleal”.

Allí la retórica adquiere una utilidad táctica: instalar rispideces diplomáti­cas y reabrir viejos conflictos siembra incertidumbre. Si la relación bilateral se enfriara y la opinión pública paraguaya reacciona con indignación, el mensaje implícito hacia los inversores brasileños que evalúan cruzar el río Paraná empieza a cambiar.

La inestabilidad inducida opera como disuasivo psicológico ante capitales que temen quedar atrapados en tensiones diplomáticas permanentes.

Paraguay enfrenta así un desafío estraté­gico mayor. Su atractivo actual –estabili­dad, competitividad fiscal y dinamismo productivo– lo volvió un competidor incó­modo para los gigantes del bloque.

La respuesta inteligente ante los fantas­mas del pasado y los roces de conveniencia electoral no es la confrontación estridente, sino blindar la seguridad jurídica, pro­fundizar la institucionalidad y demostrar que el desarrollo de un país no depende de los humores retóricos de la diplomacia coyuntural, sino de la solidez de sus pro­pias reglas de juego.