- Por Juan Carlos Dos Santos G.
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La situación en Nicaragua representa la consolidación definitiva de un modelo de Estado totalitario y dinástico. La sentencia emitida por Daniel Ortega al afirmar de forma abierta que “aquí no volverán a haber elecciones” (reiterada recientemente en el marco del aniversario del 19 de julio) no es una exageración retórica, sino la formalización jurídica y política de un proceso que el régimen lleva construyendo sistemáticamente desde hace años.
A inicios de 2025, la Asamblea Nacional (controlada de forma absoluta por el oficialismo) aprobó reformas profundas para instaurar la llamada “copresidencia matrimonial” entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, extendiendo además los períodos de los cargos públicos a seis años y retrasando formalmente el calendario electoral.
Lo que estamos viendo es el desmantelamiento absoluto de cualquier fachada democrática. El Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia operan como correas de transmisión del Ejecutivo, eliminando de antemano cualquier posibilidad técnica o jurídica de competencia.
La suspensión definitiva de las elecciones es completamente real en los hechos y en la arquitectura legal que el régimen ha diseñado.
Tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo saben perfectamente que no cuentan con legitimidad popular ni capacidad de ganar una contienda abierta y competida, especialmente tras la crisis sociopolítica de 2018 y el aislamiento internacional.
Para el oficialismo, convocar a elecciones bajo estándares mínimos de transparencia equivaldría a propiciar su propia caída. Por ello, la decisión apunta a institucionalizar un sistema de partido único o de fachadas colaboracionistas donde el sufragio –si llega a implementarse bajo formatos decorativos o plebiscitarios– carezca de cualquier capacidad de alterar el poder o garantizar la alternancia.
Esta autoproclamación como un poder sin fecha de caducidad eleva el aislamiento internacional de Managua. Organismos multilaterales, la Unión Europea y diversas administraciones hemisféricas han catalogado estas acciones como el cierre definitivo del ciclo democrático nicaragüense, asemejándolo a dinámicas de control político extremas en la región.
En suma, la decisión de suspender de manera definitiva las elecciones responde a la lógica de un régimen que ha optado por blindarse mediante el control policial, el aparato fiscal y la supresión de los derechos civiles básicos, priorizando la permanencia en el poder a cualquier costo institucional.