• POR JOSÉ DUARTE PENAYO
• Filósofo
• Presidente de Aneaes

En 2026 una parte creciente de la eco­nomía global es producto de bienes casi inmateriales: aplicacio­nes, modelos de inteli­gencia artificial, marcas, datos. Las mayores empre­sas valen hoy por sus acti­vos intangibles más que por fábricas o depósitos, como explican Haskell y Westlaken en su impor­tante libro, “Capitalismo sin capital”.

Esa mutación desborda lo económico y alcanza lo polí­tico por una razón doble. Por un lado, cuanto más se des­materializa la producción, más se debilita la capacidad estatal para gravarla. Por el otro, la inmaterialidad de la riqueza deja sin anclaje geo­gráfico a la infraestructura indispensable para que una sociedad forje su criterio, se eduque y preserve su memo­ria. Aquello que se deslocaliza resulta imposible de definir con una palabra única, ya que constituye en líneas genera­les la condición misma de la vida en común.

Desde el Paraguay, donde el Estado debe sostener escue­las, universidades, hospita­les y rutas, esta transfor­mación genera su impacto propio. La riqueza se des­localiza, pero las necesida­des permanecen. El capital circula sin arraigo, pero los pueblos siguen habitando un suelo con diferentes demandas.

Por eso la pregunta por el bien común vuelve cuando las condiciones de vida que­dan en manos de lógicas ajenas a toda comunidad política, que configuran los flujos de valor al igual que los canales por donde transita la palabra pública.

El concepto de bien común reclama, por lo tanto, una recuperación crítica. Carga con dos siglos de impugna­ciones y con usos que lo deformaron hasta conver­tirlo en máscara de intere­ses particulares. El mar­xismo lo redujo a expresión ideológica de la clase domi­nante y, aunque esa lectura empobrece el problema, conserva la advertencia necesaria de que lo común puede ser invocado para encubrir apropiaciones. Sin embargo, si toda refe­rencia al bien común fuera mistificación, la sociedad perdería las palabras para nombrar aquello que la pre­cede y la sostiene, es decir, la confianza, las institucio­nes, los símbolos y las obli­gaciones recíprocas.

En su sentido más fuerte, el bien común designa el con­junto de condiciones que permite una vida humana compartida, antes que una abstracción colocada sobre la sociedad. Aristóteles lo pensó desde la polis orien­tada al buen vivir. Tomás de Aquino lo precisó como fin racional de la ley y del gobierno justo, es decir, como ordenación de una multitud libre hacia una vida virtuosa y pacífica, subordinada al bien divino, pero realizada mediante instituciones temporales. La doctrina social de la Igle­sia conservó esa herencia como criterio para juzgar propiedad, trabajo, justicia y solidaridad.

Aquí es oportuno recu­perar el principio de sub­sidiariedad, sin el cual el bien común puede ser asi­milado a alguna forma de estatismo. La tradición católica reconoce la digni­dad y la iniciativa propia de las familias, los municipios, las universidades y los cuer­pos intermedios, antes que confiar toda responsabili­dad al Estado.

El poder público debe coor­dinar y suplir cuando esas instancias resultan insufi­cientes, antes que sustituir­las. Por ello, la autoridad sirve al bien común cuando fortalece la vida social real, más que cuando reduce a la sociedad a una dependencia pasiva de la administración.

La modernidad desplazó este horizonte hacia los márgenes. Benjamin Cons­tant realizó la célebre dis­tinción entre la libertad de los antiguos, fundada en la participación colectiva, y la libertad de los modernos, entendida como ausencia de interferencia y derecho a quedar en paz.

Esta última habría limi­tado arbitrariedades, aun­que empobreció el lenguaje político cuando hizo sospe­chosa toda apelación sus­tantiva a lo común. Una sociedad que solo protege preferencias privadas ter­mina sin palabras para defender los bienes que per­miten elegir, prometer, edu­car y pertenecer.

El libertarianismo contem­poráneo lleva esta posición a su extremo cuando sos­tiene que toda forma de aso­ciación colectiva que regule el mercado o le imponga fines comunes constituye una intervención confisca­toria e ilegítima.

Como muchos autores de esta misma tradición lo saben, el mercado no se basta a sí mismo, dado que para funcionar nece­sita condiciones que él no puede producir por sus propios medios: un orden jurídico estable, confianza moral entre los actores, paz pública y una cultura capaz de sostener la validez de los contratos. El bien común nombra precisamente ese fondo previo que ningún intercambio genera y todo intercambio consume, lo no contractual que sostiene lo contractual, como diría Durkheim.

La inteligencia artificial generativa lleva al límite la desmaterialización de la riqueza: el activo intan­gible ya no es solo un pro­ducto, sino la infraestruc­tura sobre la cual un pueblo atiende, aprende, se informa y conserva memoria de sí. Su falta de arraigo territo­rial y su concentración en pocos actores extraterrito­riales dificultan la capaci­dad regulatoria del Estado. En paralelo, estas dinámi­cas sustraen de la delibera­ción pública bienes que el mercado consume y jamás repone, tales como la con­fianza en la palabra y la vali­dez común de lo verdadero. Así, la misma potencia que debilita la soberanía esta­tal socava la capacidad de orientar la vida compartida hacia fines propios. Frente a las filosofías transhu­manistas y aceleracionis­tas que imaginan ese pro­ceso como inevitable, el bien común afirma que la comunidad humana merece defensa. Esa defensa es polí­tica y espiritual, porque un pueblo que pierde el poder de regular lo que lo trans­forma termina perdiendo también el poder de nom­brar lo que lo constituye.

Para el Paraguay, esta con­vergencia exige la decisión soberana de regular una riqueza que muchas veces se produce sin tocar su suelo, al mismo tiempo que se sos­tienen las condiciones en las que sus ciudadanos forman juicio, se educan y se reco­nocen entre sí.

El Estado nacional debe fijar reglas claras y some­ter a responsabilidad pública a los poderes téc­nicos que inciden sobre la vida común. El verdadero desafío radica en integrar la innovación impidiendo que opere al margen de la jurisdicción nacional. Las universidades, familias y escuelas deben custodiar la memoria histórica y la len­gua que nos nombra. El bien común consiste en defender esas condiciones materiales y espirituales sin las cua­les un pueblo deja de deci­dir sobre sí mismo.