• Por Benjamín Livieres
• Analista Político

Toda iniciativa que pudiera atentar contra los intereses nacionales es motivo de lógica preocupación, pero con más razón cuando ella es defendida por miembros del gabinete. Es el caso de los ministros Javier Giménez y Marco Riquelme, quienes, tozudamente, insisten en la supuesta conveniencia de celebrar un contrato que tendría por efecto un enorme daño patrimonial para la Ande y para el Estado.

Según los funcionarios, la operación con la firma británica Atome, sería altamente beneficiosa para el país y, en el afán de justificarla, alegan que la Ande sería favorecida, ya que “actualmente vende al Brasil nuestra energía excedente a 10 USD/MWh, mientras que a esta empresa lo haría por 30”. Pero esta afirmación resultó ser completamente falsa, tal como explicaron en forma unánime todos los exponentes del sector eléctrico.

Más allá de que la Ande mal podría vender una energía que jamás contrató (por eso se llama “excedente”), la verdad es que Brasil la adquiere de Itaipú a un valor de USD 37 USD/MWh (es el costo para ambos países) y, además, abona directamente al Tesoro paraguayo otros 12 dólares en concepto de “compensación”. En total, 49 dólares, no 10, como dicen los ministros.

Cuando Giménez y Riquelme hablan de las bondades de venderle a Atome a 30 USD/MWh omiten estos datos de la realidad, así como lo que significaría para la Ande, que compraría a 37 y dejaría de percibir 12. Es decir, perdería 19 dólares por megawatts. Una montaña de dinero que, según los cálculos más “optimistas”, sería de aproximadamente 450 millones de dólares.

Por otro lado, y no menos importante, los decretos en los que se amparaba esta operación, felizmente derogados por Santiago Peña, también establecían que esa tarifa de 30 dólares se mantendría congelada por espacio de 15 años, en nombre de una supuesta “previsibilidad” que habría que garantizar a los inversores. Un absurdo por donde se lo mire. La experiencia mundial indica que cuando se fijan precios invariables, los plazos no superan los 3 o 4 años, mientras que para los de largo plazo, la previsibilidad se basa en la fórmula de ajuste, como el IPC, nuestro índice inflacionario.

Además, el costo de nuestra energía se incrementará en los próximos años. La razón es simple. Paraguay tendrá que dotarse de nuevas fuentes de generación, cuyos costos serán más elevados que los de Itaipú, que ya amortizó toda su deuda. Entonces, habrá que establecer un promedio tarifario, necesariamente por encima del actual. Y a esto debe agregarse la incertidumbre respecto a cómo quedará finalmente el “Anexo C” tras su revisión.

Cabe preguntarnos, pues, ¿cómo pueden sostener la conveniencia de comprar a 37 (que finalmente son 49) y vender a 30 y, junto con eso, congelar dicho valor por 15 años, a sabiendas que la tarifa se incrementará en dicho período?

Finalmente, el rechazo a este proyecto, por inconveniente, no equivale a darle la espalda a las inversiones extranjeras. Es simplemente ajustarlas a un marco que precautele los intereses de la nación, en este caso de la Ande, y sirva a los fines de su desarrollo. Claro está que las disputas que se libran en estas “grandes ligas” muchas veces están fuera de nuestro conocimiento, pero por eso mismo debemos guiarnos por reglas muy básicas: Primero Paraguay, segundo Paraguay y tercero… ¡Paraguay!