- Jorge Torres Romero
La política tiene sus miserias. La prensa también, y esto se evidenció la semana pasada cuando sectores de la prensa vinculados al abdismo y dirigentes opositores han intentado instalar un escándalo alrededor del patrimonio del presidente de la República, Santiago Peña, a partir de un informe de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el detalle que deliberadamente omiten es el más importante de todos: la Contraloría no encontró inconsistencias en su declaración jurada de bienes.
Es decir, después de toda la expectativa creada, después de todos los titulares y comentarios cargados de sospechas, la institución encargada de controlar la evolución patrimonial de las autoridades no halló irregularidades. Fin de la historia. O al menos debería serlo para quienes practican un periodismo honesto.
Pero no. El problema para estos sectores no es la existencia de irregularidades. El problema es que Santiago Peña ganó dinero. Y lo ganó en el sector privado, fuera de la función pública, ejerciendo actividades profesionales y empresariales que le permitieron acumular más de USD 3 millones de antes de llegar a la Presidencia.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo el éxito profesional se convirtió en un delito?
La respuesta es sencilla. Desde que el objetivo dejó de ser informar para convertirse en una operación política permanente.
Resulta particularmente indignante observar cómo los mismos medios de comunicación que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez recibieron millonarios recursos públicos, y la misma oposición que actuó como satélite político de aquella administración, hoy pretenden erigirse en guardianes de la moral pública.
La diferencia entre ambos casos es abismal.
Mientras intentan construir sospechas sobre recursos obtenidos por Peña en el sector privado, guardan un silencio sepulcral respecto a una cuestión infinitamente más grave: el crecimiento patrimonial de Mario Abdo Benítez durante su paso por la Presidencia de la República. Ese crecimiento fue de USD 45 millones.
Hasta hoy, siguen pendientes explicaciones convincentes sobre cómo aumentó significativamente su patrimonio mientras ejercía la máxima magistratura del país. Hasta hoy persisten interrogantes sobre los negocios vinculados a la venta de asfalto a empresas proveedoras del Estado. Hasta hoy existen cuestionamientos que no encuentran respuestas claras. Y, sin embargo, no vemos portadas incendiarias, campañas mediáticas ni editoriales moralistas.
Silencio.
Un silencio que revela que el problema nunca fue la transparencia. El problema es quién ocupa el poder.
La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia a todos los gobernantes. A todos. Sin excepciones. Pero también tiene derecho a exigir honestidad intelectual a quienes pretenden informar.
Porque si ganar dinero legítimamente en el sector privado se convierte en escándalo, mientras el crecimiento patrimonial de un presidente en ejercicio apenas merece un bostezo periodístico, entonces ya no estamos frente a una investigación. Estamos frente a una operación.
Y esa operación no solamente es grosera. Es ofensiva para la inteligencia de los paraguayos.
La Contraloría habló. No encontró inconsistencias en la declaración jurada de Santiago Peña. Los hechos están sobre la mesa.
Lo verdaderamente escandaloso no es lo que ganó Peña fuera del Estado. Lo verdaderamente escandaloso es la capacidad de ciertos sectores para indignarse selectivamente, callar cuando les conviene y convertir la hipocresía en línea editorial.
Y eso sí debería producir asco a cualquier ciudadano que crea en la igualdad ante la ley y en un periodismo que mida a todos con la misma vara. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.