- Por Benjamín Livieres
- Analista político
El presidente Santiago Peña anunció días atrás la firma de un acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y Taiwán para crear una empresa binacional de Inteligencia Artificial, con sede en nuestro territorio. Será uno de los “hub” de IA más grandes del mundo, en palabras del mandatario. Un proyecto ambicioso, de enorme potencial, que –políticas correctas mediante– nos transformaría de consumidores en productores de uno de los bienes más preciados de este siglo.
No es poca cosa. Por razones históricas muy poderosas, entre ellas una guerra de exterminio, otros conflictos bélicos externos e internos, más una larga dictadura, ya “nos comimos” el proceso de industrialización que siguieron otras naciones y fuimos relegados a los últimos lugares de la fila, como proveedores de materia prima, con los consecuentes costos económicos y sociales que eso supuso. Y ahora que el mundo enfrenta un nuevo escenario, con la inteligencia artificial como uno de los factores dominantes, tenemos la posibilidad de ser parte del elenco, algo a lo que todavía no se proyectan la mayoría de los países del subcontinente.
Por supuesto, hay un camino por recorrer, que comienza por la socialización de todos los términos del referido acuerdo, el modelo de negocio, lo que invertirá cada una de las partes, los derechos societarios debidamente estipulados, hasta llegar finalmente a su tratamiento y aprobación por los Congresos de Taiwán y el nuestro. Y entre medio, el abordaje serio de los obstáculos que deben superarse en el corto y mediano plazo, como el concerniente a la energía, que ya no tenemos en abundancia, pese a que altos funcionarios sigan insistiendo en lo contrario sin ningún fundamento.
Con respecto a los derechos, hay un tema de fundamental importancia: la transferencia de conocimiento y tecnología a nuestro país. De poco o nada serviría a los intereses nacionales un enclave tecnológico si no se garantizara tales aspectos, determinantes para nuestro desarrollo. Y para que esto último resulte efectivo, necesariamente debe ir acompañado por políticas educativas y de inclusión digital –hasta ahora inexistentes–, como acertadamente plantea la doctora Sofía Scheid desde hace ya varios años.
Aunque todavía esté “verde”, el proyecto es de una relevancia estratégica indiscutible, siempre y cuando no se limite a los tradicionales anuncios políticos que duran lo que lleva a los cibernautas leer algún titular en sus redes sociales. Por el contrario, lo informado por Peña desde Taiwán debe ser el punto de partida de un amplio debate que tenga como norte sacar el máximo provecho de lo que por ahora es un acta de entendimiento.
Si algunos medios de comunicación, como Abc o Telefuturo, prefieren insistir en temas como la presunta “guerra sucia” que el gobierno estaría librando en contra de ellos o “por qué Chaqueñito había obtenido tan rápidamente una casa del Estado,” que lo sigan haciendo. Es solo ruido que hace parte de la descomposición mediática. Por cierto, hubiera bastado con que los órganos comunicacionales oficiales, de paupérrimos resultados, deslindaran la responsabilidad del Ejecutivo ante tales hechos y manifestaran el compromiso de investigar lo denunciado, en vez de enfrascarse en una polémica que ocupa las primeras planas pero que a nadie importa.
La agenda de discusión no puede focalizarse en cuestiones como esta, sino en aquellas que, en verdad, son de interés público. El acuerdo inicial con Taiwán no es la única, desde luego, pero es una de ellas.