• POR JORGE TORRES ROMERO

Durante años, los gran­des medios tradicio­nales en Paraguay construyeron un relato de independencia que hoy se des­morona frente a una pregunta incómoda: ¿cuánto costaba esa “independencia”?

Bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, la Itaipú Bina­cional destinó USD 44 millones (entre el 2019 y el 2022) a conve­nios con medios comunicación, según consta en la página de Contrataciones Publicad. Fue un flujo constante, cercano a USD 11 millones por año. Dinero convertido en silencio o aplauso.

Los principales beneficiarios no fueron medios comunita­rios ni proyectos informati­vos plurales. Fueron a estruc­turas concentradas como el Grupo Zuccolillo (Abc Color) y el grupo Vierci (UH, Telefu­turo, Monumental).

No hablamos de pauta ocasio­nal: hablamos de un sistema aceitado de financiamiento que coincidía, casualmente, con coberturas dóciles y críticas quirúrgicamente selectivas.

El cambio de gobierno alteró esa ecuación. Con la llegada de Santiago Peña, el grifo se cerró. O, mejor dicho, se redujo drásticamente: de decenas de millones a alrededor de 1,5 millones destinados a campa­ñas públicas concretas –salud, prevención, información ciu­dadana–, y no precisamente a sostener líneas editoriales.

La virulencia de ciertos titu­lares, la indignación editorial en cadena, la sincronía de ata­ques, ya no parecen responder solo a una vocación crítica –que es saludable y necesaria– sino a una herida más pro­saica: la pérdida de ingresos.

Mientras tanto, el destino de esos recursos empieza a cambiar de forma tangible: ambulancias en vez de avi­sos complacientes, patrulle­ras en vez de columnas indul­gentes, escuelas y colegios en vez de suplementos domini­cales. Incluso instituciones emblemáticas como el glo­rioso Colegio Nacional de la Capital, que ayer se reinau­guró con un cambio radical, han sido parte de inversio­nes que apuntan a infraes­tructura real, no a narrativa conveniente. También hospi­tales que se terminan, servi­cios que se fortalecen.

Esto no absuelve al poder polí­tico –ningún gobierno debe­ría quedar exento de escru­tinio–, pero sí obliga a poner bajo la lupa a quienes históri­camente se autoproclamaron guardianes de la verdad.

Porque cuando la crítica depende del cheque, deja de ser crítica y pasa a ser servicio.

La ciudadanía merece medios libres. Pero libres de verdad, no medios dependientes de una estructura proveniente del dinero público disfra­zado de “convenios”. Esto no es periodismo. Es berrinche, es pichadura, es la rabia por haber perdido la influencia o el monopolio de la opinión pública.

Y quizás ese sea el verdadero debate que hoy se intenta tapar a gritos o quizás existe un deseo profundo de que vuelvan al poder los mismos protagonistas que volverán a emitir los cheques que los dueños de medios creen mere­cer y con los cuales forjaron gran parte de su fortuna. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.