• POR JOSÉ DUARTE PENAYO
• Filósofo. Presidente de la ANEAES.

Cada sociedad posee un caudal de saberes que no siempre sabe reconocer. Hay conocimientos que se adquieren en la escuela y en la universidad, pero tam­bién en el trabajo, en los oficios y en la experiencia cotidiana. El gran desafío de nuestro país es convertir ese repertorio disperso en trayectorias legibles, cer­tificaciones útiles y opor­tunidades efectivas de movilidad. Allí aparece la relevancia de avanzar hacia un sistema nacional de cua­lificaciones, es decir, un ins­trumento que clasifica las cualificaciones por niveles de resultados de aprendi­zaje, con una óptica cen­trada en lo que una persona sabe y puede hacer y no sola­mente en la duración formal de los estudios.

Existen, entre muchos otros, casos de compatrio­tas que se formaron en espacios de capacitación, adquirieron experiencia real y lograron desenvol­verse con solvencia en una actividad concreta, pero que al momento de querer enseñar o formalizar su trabajo se encuentran con el obstáculo de no contar con una certificación reco­nocida. Del mismo modo, hay quienes pasaron años aprendiendo en la práctica, asumiendo responsabilida­des y resolviendo proble­mas complejos, sin que esos saberes puedan traducirse fácilmente en un reconoci­miento formal.

También pueden mencio­narse, entre tantos ejem­plos posibles, trayectorias educativas avanzadas cuyos logros sí tienen valor dentro de las instituciones donde fueron obtenidos, pero que fuera de ese ámbito no siempre resultan claros o comprensibles para quienes toman decisiones en el mundo laboral. Todos estos casos muestran un mismo problema: muchas veces las personas saben hacer, saben resolver y saben des­empeñarse, pero el sistema todavía no visibiliza formal­mente esos aprendizajes y esa situación traba oportu­nidades concretas.

Esa carencia no afecta sola­mente a las personas. Tam­bién limita al Estado y al propio mercado. La inexis­tencia de un gran marco nacional de cualificacio­nes dificulta contar con referencias comunes para saber qué capacidades exis­ten, cuáles faltan, cómo se distribuyen y qué niveles de formación o competen­cia están realmente dispo­nibles en la sociedad. Sin ese mapa más ordenado, se vuelve más difícil planificar políticas públicas, orientar la oferta educativa, identifi­car necesidades estratégicas de capital humano, acom­pañar procesos de inver­sión y diseñar estrategias más amplias de posiciona­miento económico del país. En otras palabras, se trata de apuntalar mejor lo que cada paraguayo y paraguaya sabe hacer para dotar al país de una herramienta que per­mita tomar decisiones más inteligentes sobre su desa­rrollo.

En este sentido, Ron Tuck, en “An Introductory Guide to National Qualifications Fra­meworks: Conceptual and Practical Issues for Policy Makers”, informe publicado por la OIT en 2007, subrayó que el valor de estos siste­mas reside en su capacidad para establecer equivalen­cias claras entre los distintos títulos. Estos sistemas per­miten trazar rutas de pro­greso a través de diversos niveles y facilitan el trán­sito de las personas entre sectores laborales diferen­ciados. En entornos caracte­rizados por la dispersión de las trayectorias formativas, esta comparabilidad aporta una transparencia pública fundamental. De este modo, se logra que el conocimiento trascienda los ámbitos aisla­dos y que la experiencia acu­mulada a lo largo de la vida obtenga un respaldo insti­tucional sólido.

Sin embargo, los marcos de cualificaciones no pro­ducen transformaciones por sí solos. Su impacto depende de la fortaleza ins­titucional, de la capacidad estatal y de la claridad de los fines perseguidos. Esa realidad fue expuesta por Stephanie Allais en su artí­culo “What is the Evidence for the Impact of Natio­nal Qualifications Fra­meworks?”, donde advirtió sobre las expectativas exce­sivas depositadas en estos instrumentos cuando no están insertos en estrate­gias amplias de reforma y articulación.

El desafío de nuestra época reside en el estableci­miento de una hoja de ruta clara entre la educación, el mercado y la sociedad. La eficacia del sistema for­mativo depende de su capa­cidad para dialogar con las necesidades productivas y las transformaciones del mundo laboral. Necesita­mos terminar con la lógica expansiva de carreras habi­litadas que no tienen ningún impacto en el aumento de las capacidades de nuestro capital humano. Este obje­tivo requiere una estruc­tura articulada que defina perfiles pertinentes y reco­nozca los saberes previos de los ciudadanos. Es funda­mental construir puentes entre los diversos subsis­temas para generar trayec­torias académicas que sean flexibles y acumulables

En este camino tenemos una oportunidad de largo alcance: traducir saberes en trayectorias, trayectorias en capacidades productivas y capacidades productivas en mayor soberanía económica. Si la diversificación econó­mica quiere ser algo más que una suma de inversiones ais­ladas, deberá apoyarse en una política sostenida de cualificaciones capaz de pre­parar a la sociedad para ocu­par los mandos técnicos, los cuadros intermedios y las altas gerencias del futuro.

Ahí reside su sentido más profundo, que es integrar el conocimiento disperso en el tejido social para con­solidarlo como una fuerza motriz para el desarrollo del país.