- Por Benjamín Livieres
- Analista político de NM
Carlos Fernández Valdovinos no solo no renunció al Ministerio de Economía, como algunos afirmaron que lo haría, sino que reapareció en público anunciando un plan económico de varios meses de duración, que representará un “ajuste de cinturones” y la puesta en práctica de una “economía de guerra” en la administración central. Sonó fuerte, muy fuerte, sobre todo considerando que no desarrolló estos titulares que asuntan a cualquiera.
Entre los aspectos más resaltantes, Fernández nos dijo que “el país está bien, pero el Tesoro está mal” (?). Explicó que hubo una disminución de las recaudaciones y de los recursos provenientes de las hidroeléctricas (-600 millones de dólares) como consecuencia de la abrupta caída de la cotización del dólar. Por esta razón, alega, no podríamos seguir al mismo ritmo de gastos que cuando los ingresos iban en aumento y no quedaría otra opción más que “cerrar los grifos”, prometiendo que eso no afectará a cuatro sectores: salud, educación, seguridad y protección social. Ni que impedirá pagar las deudas acumuladas a vialeras y laboratorios, aunque no todas, tal como lo adelantó.
Esa es “la filosofía” de cómo abordar los serios problemas del Tesoro, que combina deudas impagas que se van acumulando con la falta de recursos para honrarlas. Pero hasta ahora se desconocen las medidas específicas que contempla el plan en cuestión y, por tanto, resulta difícil dimensionar el impacto que tendrá en la vida de los paraguayos o, partiendo de los objetivos enunciados por el ministro, imposibilita saber quiénes y qué tanto terminarán “ajustándose los cinturones”.
Hecha la salvedad, corresponde sin embargo formular algunas alertas e interrogantes.
Las referencias al “ajuste” y a su igual, la “economía de guerra”, como estrategia para estabilizar las cuentas del Estado, tiene efectos muy concretos que normalmente se expresan en recortes importantes en la inversión pública, con implicancias negativas en lo que respecta al empleo, al dinero circulante, al consumo y desliza frecuentemente a los países que la implementan hacia situaciones recesivas, según lo atestigua la experiencia regional e internacional. Y todo esto, demás está decir, tiene implicancias sociales y políticas.
De hecho, Fernández ya manifestó en entrevistas periodísticas que en los próximos meses se desacelerará la inversión en obras públicas, que por cierto ya vienen “ralentizadas” –como gusta decir a los economistas–, lo que significará la pérdida de puestos de trabajo.
Entonces surgen las preguntas. Los “recortes”, de impactos nocivos cuando no se trata de gastos superfluos, ¿es la única receta para afrontar las vicisitudes? ¿Por qué no se utilizan las líneas crediticias aprobadas por los organismos financieros para ciertas obras, a fin de pagar parte de la deuda existente? ¿Por qué no se emiten bonos soberanos a 10 o 20 años para saldar las cuentas que hoy agobian al Estado y ponen en entredicho la estabilidad económica? O bien, si no quieren aumentar la deuda pública por su impacto en el déficit fiscal, ¿por qué no utilizar una parte pequeña de las reservas para dicho fin?
Hay que dar paso a la practicidad, a la combinación de consideraciones técnicas con otras de índole social y desde luego políticas, que en definitiva son determinantes. Pero para esto es necesario apartarse de los “dogmas” y pensar, por fin, en “recetas” que no sean perjudiciales para la gente, sino al revés, que promuevan su bienestar.