• Jorge Torres Romero

En medio de las disputas políticas, de las rivalidades personales y de la eterna tentación de convertir cada política pública en un campo de batalla partidario, hay algo que debería permanecer fuera de toda discusión mezquina: los niños.

El programa Hambre Cero no es un eslogan ni una consigna de campaña. Es una política pública que pone en el centro una verdad elemental: un niño que tiene hambre no puede aprender, no puede desarrollarse y no puede construir futuro.

Por eso, proteger este programa no es una opción política. Es una obligación moral del Estado.

Los números que dejó el 2025 hablan por sí solos y deberían ser suficientes para cerrar cualquier debate serio:

• 1.050.000 estudiantes beneficiados.

• Alimentación diaria en 7.000 escuelas de 263 municipios.

• Compras a mipymes por USD 20 millones.

• Unas 600 mipymes proveedoras.

• La escolaridad subió del 54 % al 96 %.

• 57.000 alumnos incorporados al sistema educativo.

Esto significa algo muy concreto: cuando el plato de comida llega a la escuela, el niño llega al aula.

Pero, además del impacto social, el programa tiene un efecto económico profundo. Hambre Cero genera un círculo virtuoso que va mucho más allá del comedor escolar puesto que la compra de alimentos moviliza a productores, transportistas, proveedores y pequeñas empresas en todo el país. Ese derrame económico es real.

Las mipymes vendieron por USD 20 millones en 2025 y el objetivo para este año es aún más ambicioso: que 1.200 pequeñas empresas participen del programa, con compras estimadas por USD 41 millones.

Además, se garantiza que el 10 % de la provisión provenga de la agricultura familiar, lo que fortalece a miles de productores rurales. Es decir, el plato que llega a la escuela también llega al campo y a la economía local.

Para 2026, la magnitud del programa confirma que Paraguay está ante una de las políticas sociales más importantes de su historia reciente:

• Más de 1 millón de estudiantes beneficiados.

• Cobertura durante 180 días de clases.

• Inversión total de G. 2,9 billones (USD 370 millones).

• Presupuesto ampliado en G. 657.000 millones.

Con estos números, el país no solo combate el hambre infantil. También invierte en capital humano, en educación y en desarrollo económico.

Por eso resulta preocupante escuchar propuestas que, por cálculo político o simple irresponsabilidad, plantean el retroceso del programa. La idea de devolver la administración del mismo a los municipios –como propone Arnoldo Wiens, recordado por el fiasco de “la pasarela de oro” y por parar el metrobús– no es una mejora técnica: es una invitación al retroceso.

Paraguay ya probó ese modelo. Y los resultados fueron claros: fragmentación, desigualdad entre distritos y una enorme dificultad para garantizar estándares de calidad y control.

Cuando se trata de alimentar a los niños, no se puede improvisar ni volver a esquemas que fracasaron.

Eso no significa que el programa sea perfecto. Como toda política pública de gran escala, Hambre Cero debe ser permanentemente auditado, corregido y perfeccionado. Mejorar los mecanismos de control, optimizar la logística y ampliar la participación de productores nacionales son desafíos legítimos.

Pero perfeccionar no es destruir. Y mucho menos retroceder. Si Paraguay quiere tomarse en serio su futuro, hay una línea que no puede cruzar: la de poner en riesgo el plato de comida de los niños por mezquindades políticas.

Hambre Cero no pertenece a un gobierno. No pertenece a un partido. Pertenece a los niños del Paraguay. Y eso debería convertirnos a todos –gobierno, oposición y ciudadanía– en celosos defensores de este programa. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.