- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- Consultor financiero
- jzaratelazaro@gmail.com
Las autoridades económicas del Gobierno deberán “apretar el acelerador” a fin de lograr que las más de 200.000 mipymes a nivel país que siguen sin formalizarse puedan ir incorporándose a dicho segmento en forma gradual y consistente.
Se hace necesario seguir avanzando en términos de formalización y desburocratización estatal para facilitar la incorporación de nuestros emprendedores y dejar de depender de las casas de créditos no reguladas, que les restan rentabilidad y competitividad debido a las elevadas tasas de interés cobradas.
La cifra de mipymes que no están aún formalizadas es elevada, pero para que puedan sentirse motivadas, el Gobierno deberá mostrarle un camino mucho más sencillo y sin muchas vueltas para que puedan lograrlo.
Uno de los objetivos primarios deberá estar enfocado en que a través de su formalización puedan tener acceso al sistema financiero formal, para obtener créditos para capital de trabajo a tasas de interés activas accesibles y planes de repago acordes a la capacidad generadora de fondos. Los niveles de facturaciones de estas empresas distan de las de tamaño corporativo.
Es por ello que los procesos para su formalización deberían ser mucho más accesibles y abreviados, dado que sus necesidades de recursos en promedio no exceden de 20/30 millones de guaraníes a lo sumo, cayendo en su mayoría dentro del segmento de consumo.
El Viceministerio de Mipymes debería sentarse y consensuar con los directivos de las entidades gremiales acerca de las documentaciones mínimas requeridas, pues aquí sigue residiendo el “principal trancazo” con los bancos y financieras, dado que muchas de ellas presentan bellas carpetas, pero sin un contenido sustentable acerca de los propósitos del crédito, generación de fondos y fuentes primarias de repago (capital e intereses devengados).
El nivel de gestión económica de estas empresas dista de las de tamaño corporativo, por lo que no solo deberían contemplar una menor burocracia para formalizarse, sino acompañado de otras facilidades impositivas que les permitan hacer frente a sus gastos rígidos mensuales, incluido el pago del salario mínimo legal a sus empleados que les permita acceder al seguro social del IPS.
La ley de compras públicas aprobadas para empresas del sector señala que se podrán adquirir de las mismas hasta un 20 % de sus necesidades, pero sin especificar la modalidad de pago de los compradores.
Estas empresas no tienen la espalda financiera de las de mayor porte, impactando en su gestión económica-financiera tener que esperar para cobrar más de 45 días en promedio.
La última pandemia sanitaria ha puesto en relieve el nivel de resiliencia limitada de las mismas, viéndose cientos de ellas obligadas a tener que bajar “las persianas”, pues ya no tenían forma de poder seguir haciendo frente a costos y gastos operativos y administrativos.
No dejemos de lado la importancia que reviste para estos emprendedores la capacitación en educación financiera, pues bien aprovechada les será importante para mantenerse dentro de un mercado estrecho como el nuestro, pero cada vez más competitivo.
Somos conscientes de que las mipymes son importantes para el repunte de nuestra microeconomía, dada la capacidad de generación de mano de obra que poseen a nivel mundial. En nuestro país bien coordinadas y estructuradas tienen mucho margen de crecimiento cuali/cuantitativo.
Las autoridades económicas deben ayudar a despegar, crecer, diversificarse a las mipymes, no solo dentro de nuestro mercado doméstico, sino también hacia afuera.
Solo falta que nos “remanguemos” y con inteligencia y proactividad las apoyemos a lograr sus objetivos y metas. El sector de mipymes representa el 98 % de las empresas a nivel país y el 75 % del empleo a nivel nacional.
Miles de personas necesitan un trabajo remunerado que pueda ser translativo positivamente a través del efecto “derrame” en favor de nuestra microeconomía.