- Víctor Pavón (*)
A través del programa de convergencia fiscal llevado a cabo por el gobierno se está logrando lo que parecía casi imposible. La influencia del criterio político sobre lo económico es muy fuerte. Pero no sucedió así. Se está reduciendo el déficit fiscal.
Para el año que viene se volvería a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta normativa establece el tope del 1,5 por ciento del déficit con relación al producto interno bruto (PIB), y su reducción es una señal positiva con relación a los ingresos y a los gastos estatales. Estamos hablando del dinero de los contribuyentes.
Es preciso recordar que desde el año 2013 se realizó un avance en nuestro país en cuanto a contener el déficit, cuestión de indudable interés para la población que, por cierto, es la misma medida que propone y lleva a cabo con acierto el presidente argentino, Javier Milei. La ley de responsabilidad fiscal en Paraguay es muy buena, aunque considero y como he dicho años atrás en otro artículo publicado: No debe existir déficit.
Esto es, déficit cero. Ahora bien, es preciso preservar la legislación con la que contamos de los ataques a la que es sometida cada año al momento de tratarse el Presupuesto de Gastos.
Nuestra legislación establece con meridiana claridad que el déficit anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no puede ser mayor al 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) estimado. Existe la posibilidad de elevar el mencionado déficit hasta el 3 por ciento del PIB, en caso de emergencia, crisis o una caída de la actividad económica interna.
No obstante, insisto, el déficit debe ser de cero. Y las razones de ello son sencillas porque la verdad detrás del déficit está en lo siguiente. El déficit existe cuando la administración del dinero de los contribuyentes se vuelve indiferente al respeto del dinero ajeno que no es más que del sector privado, individuos, familias y empresas.
La otra razón está en que cuando se financia el déficit se inicia un proceso por el cual se desplaza la inversión privada. Esto implica inexorablemente y, fuera de toda duda, una reducción en la tasa de formación de capital con impacto sobre los empleos y los salarios.
Además, y es la siguiente razón, es que el financiamiento de déficit también significa que el propio Estado hace uso del ahorro del sector privado y que este sin duda los hubiera utilizado mejor, en eficiencia, productividad y transparencia. Por de pronto, resulta plausible la reducción del déficit fiscal.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.