- Por Jorge Torres Romero
- Columnista
La millonaria licitación para adquirir 28.000 máquinas de votación electrónicas, por más de 93 millones de dólares, convocado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), finalmente, fue suspendida.
Legisladores de distintas bancadas advirtieron que no solo están en juego los fondos públicos, sino también la confianza ciudadana en el sistema electoral.
En una reunión convocada por la Comisión de Asuntos Electorales del Senado, los ministros del TSJE –Jaime Bestard, Jorge Bogarín y César Rossel– defendieron la solidez del proceso y descartaron un retorno al voto en papel. Sin embargo, los reclamos no tardaron en llegar: el senador liberal Éver Villalba cuestionó la falta de participación de los partidos en la elaboración del pliego y la ausencia de estándares internacionales como la certificación ISO 15408, clave para garantizar la seguridad de las máquinas y del software.
Para Celeste Amarilla, Dionisio Amarilla y Ramón Retamozo, ante la duda, la confianza ciudadana debe prevalecer.
Pero el ministro Bestard fue tajante: el voto electrónico es obligatorio por ley y retroceder sería ilegal, por ello, queda claro que no existe ninguna posibilidad de volver al sistema antiguo: el voto preferencial es una conquista ciudadana que debe mantenerse y el uso de las máquinas de votación es fundamental.
Otros legisladores exigieron controles adicionales con lectores biométricos, pero el TSJE advirtió que implicaría un gasto extra de hasta 30 millones de dólares, que no está previsto en el presupuesto.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también hizo su parte y recomendó revisar la descodificación de uno de los oferentes.
Los dos oferentes descalificados fueron: el Consorcio Comitia-MSA y la firma surcoreana Miru Systems. El único que se mantuvo en carrera fue el Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Smartmatic, Excelsis y Celexx. Llamativamente, este consorcio nunca objetó nada del pliego de bases y condiciones, como sí los hicieron los demás oferentes (más de 40 reclamos), lo que generó dudas sobre el posible direccionamiento del proceso.
En juego no solo están 93 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes, sino la credibilidad misma del sistema electoral paraguayo en los próximos comicios, por ello, la decisión del TSJE, de suspender el llamado, fue correcta. Tampoco el calendario electoral está en riesgo, en hacer un llamado, vía excepción, y se arriendan las máquinas. Por supuesto, los pescadores en río revuelto quieren buscar otras razones, solo para perjudicar, como siempre, al Paraguay. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.