- Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
- X: @RtrivasRivas
Los tiempos previos a cualquier elección –tanto presidencial como parlamentaria de medio tiempo– se suelen tornar vertiginosos. Las voces se elevan. Las relaciones se tensionan. A tal extremo que, en algunos casos –en lo que hace a las relaciones interpersonales– nunca se restablecen plenamente. En ese contexto, se pueden señalar cuatro tiempos cruciales.
1) Las instancias previas a los cierres de listas que contendrán las identidades de quienes competirán en los comicios. 2) Los días posteriores para la imprescindible contención para dar a aquellos y aquellas que quedan con sus ilusiones destrozadas porque un golpe de lapiceras los deja a un lado del camino. 3) La madrugada del escrutinio posterior a la votación en la que –inevitablemente– habrá claras divisiones entre quienes celebren el triunfo y quienes en el derrumbe de las ilusiones rumien la derrota y la bronca. 4) El retorno a una nueva normalidad que, sin embargo, estará marcada a fuego por lo que haya sucedido en las tres etapas previas.
Desde la medianoche del domingo pasado la Argentina se encuentra en la fase dos. Especialmente, la transitan aquellas ciudadanas y ciudadanos que ejercen la política profesionalmente. El resto de la sociedad –con otras preocupaciones, en algunos casos severas– se mantiene alejada porque nada de aquello les resulta atractivo y, más aún, lo perciben y evalúan como situaciones inconducentes que no satisfacen las demandas laborales, de consumo, de salud, de vivienda, por solo mencionar algunas de las preocupaciones que relevan las encuestas.
De allí que las preocupaciones que –siempre– abruman a los oficialismos cuando inesperadamente los ríos informativos crecen en caudal ante múltiples denuncias de presuntos actos de corrupción que los afectan con episodios que debilitan la gobernanza. No debe sorprender, entonces, que los exámenes parlamentarios más recientes por los que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) – el partido que en 2021 fundó y conduce desde entonces el presidente Javier Milei– transitó no fueron totalmente satisfactorios porque si bien las oposiciones no consiguieron anular el veto que el jefe de Estado dispuso sobre los aumentos que el Congreso otorgó por ley semanas atrás a las y los jubilados. “¡El equilibrio fiscal no se negocia!”, se impuso, no fue suficiente la energía de los congresistas de LLA para evitar que se impusieran otras iniciativas que rechaza Milei.
Se comprende, entonces, que la vicepresidente Victoria Villarruel considere que el actual “es un momento difícil y confuso” para el gobierno, luego de que se conocieran audios ilegales en los que se revelan sucesos de presunta corrupción que habrían sucedido en la gestión de la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis) en la compra de medicamentos destinados a mitigar las situaciones de persona con capacidades disminuidas que ponen en el centro de la actividad judicial al señor Darío Spagnuolo, extitular de aquella dependencia oficial que –ante la circulación de tales informaciones– fue despedido por el señor Milei.
En esa situación –que investiga el juez federal Sebastián Casanello que inmediatamente de recibir las denuncias delegó la pesquisa en el fiscal Franco Picardi, quien ordenó la realización de múltiples allanamientos y la confiscación de teléfonos celulares cuyos contenidos considera importantes para el desarrollo de la pesquisa– fueron mencionados, además del propio jefe de Estado, la secretaria general de la presidencia Karina Milei; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y los empresarios Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios y directivos de la droguería Suizo Argentina a quienes se les prohibió la salida del país.
Sobre el caso, de alto impacto político y periodístico, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, luego de resaltar que lo denunciado es investigado por la justicia, destacó que él no pone “las manos en el fuego por ningún funcionario”, aunque precisó que tiene plena confianza tanto en la señora Karina Milei como en el subsecretario Menem.
Portavoces gubernamentales que fueron consultados por La Nación –con el compromiso de no revelar sus identidades– señalaron que “con seguridad todo quedará aclarado”; destacaron también que “el presidente Milei tiene un compromiso profundo contra la corrupción”; pero no dejaron de manifestar preocupación “por el eventual efecto que puede tener la denuncia en el desarrollo del proceso electoral” porque, hasta ahora, ninguna encuesta circulante lo evidencia.