• Por Óscar Germán Latorre
• Abogado

Cuando un letrado técnicamente distinguido recurre a la mitología o a pruebas ilegalmente obtenidas para llevar adelante los casos en los que interviene, tarde o temprano el efecto de esas mentiras terminaran destruyéndolo.

Una publicación del diario Última Hora hace referencia a las supuestas comunicaciones mantenidas entre el abogado Guillermo Duarte Cacavelos y el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippmann. Vincula esas llamadas con la causa que, por lesión de confianza, afecta al Ing. Carlos Heisele, ex presidente de la Ande y suegro del abogado.

Señala la publicación que en los días previos al requerimiento conclusivo fiscal, ambos interlocutores conversaron entre 3 a 5 veces por día y que Duarte Cacavelos había recusado a la única fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción que no había sido previamente impugnada por la defensa, acotando que el expediente fue remitido a la medianoche al agente fiscal Juan Leonardi Guerrero, quien formuló el pedido de sobreseimiento provisional a favor del Ing. Heisele.

Reiteradamente hemos venido advirtiendo sobre el peligro que representa recurrir a pruebas ilegalmente obtenidas o a desarrollar fantasiosas teorías con relación a una causa penal tan compleja como la conformada con motivo de la muerte del dirigente Rodrigo Quintana en la sede del PLRA.

Todo el esfuerzo de los abogados de la querella adhesiva para otorgar validez y fuerza probatoria a simples registros de llamadas entre teléfonos móviles supuestamente pertenecientes a personal policial, a personas vinculadas al Gobierno, a senadores de distintos partidos, al final del camino no pasará de ser un simple intento de crear en la opinión publica el falso convencimiento de una supuesta orden para atracar el aludido local partidario y de asesinar a Rodrigo Quintana o al presidente del Directorio, Dr. Efraín Alegre.

Obviamente, como excelente abogado que es, dotado además de un indiscutible talento para transmitir sus ideas, le fue sencillo pasearse por los distintos medios de comunicación para insertar la falsa hipótesis del caso y la supuesta relevancia que podría representar el cruzamiento de los registros de llamadas.

El que juega con fuego tarde o temprano termina quemándose. Hoy un medio de prensa emite conclusiones que pueden ser ciertas o no, pero que no pasan de meras especulaciones porque esos registros de llamadas, aun constatándose que son auténticos, en realidad solo prueban que alguna conversación se produjo, pero lejos está de permitirnos conocer su contenido.

Los abogados debemos aplicar el derecho atendiendo la relación de hechos que se nos presenta, con prescindencia de las personas afectadas o vinculadas a esos hechos. En este sentido, reitero aquí que la actuación del Ministerio Público es reprochable al considerar el contenido de los audios obtenidos ilegalmente para formular imputaciones basadas en las supuestas sospechas que surgen de esos audios. Las pruebas ilegalmente producidas o adquiridas no pueden ser utilizadas en juicio alguno ni siquiera como elementos de sospecha que autoricen imputaciones y medidas cautelares que afecten la libertad de las personas.

Del mismo modo, la actitud de los representantes del Ministerio Público y de los magistrado del Poder Judicial en cuanto a la pertinencia del acceso a los registros de llamadas entre autoridades del gobierno y su posterior cruzamiento, reflejaban que los requerimientos y juzgamientos respondían a la temperatura que era marcada por algunos medios de comunicación inmersos en una falaz campaña de descrédito contra autoridades del Gobierno.

Pues bien, cabe hoy reiterar todos esos conceptos porque las pruebas ilegalmente obtenidas son inoponibles en juicio y el cruzamiento de registros de llamadas es una diligencia absolutamente irrelevante cuando con ella se pretende sustentar hipótesis cargadas de maliciosa fantasía y de un evidente oportunismo mediático.

Ciertamente, esas comunicaciones entre Duarte Cacavelos y Fernández Lippmann resultan llamativas por el número y el momento en que ellas se produjeron, pero las conclusiones que podrían obtenerse de esos registros serán, como en todos los demás casos, simplemente especulaciones que responden a inconfesables intereses políticos, electorales y/o económicos.

La clase política nos ha acostumbrado a todo tipo de disparates que jamás tienen algún costo. Emiten teorías y acusaciones que son propias de mentes desquiciadas. El mecanismo que sirvió anteriormente a algunos dirigentes para proyectarse políticamente o para destruir ilegalmente a sus adversarios políticos se presenta como un búmeran. Lo que antes sirvió para atacar hoy los golpea de la misma forma, pero eso no cambia que se trate de pruebas ilegales o de diligencias insuficientes para generar la menor sospecha con relación a la existencia de un hecho punible y la determinación de sus responsables.

Lo que está ocurriendo es una demostración de que tarde o temprano la verdad se impone, las mentiras saltan a la luz y los mentirosos caen con los mismos instrumentos ilegales que en su momento utilizaron contra los demás.

Como decía un viejo amigo: "Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga", resaltando la tremenda hipocresía que existe en algunos autocalificados defensores de la Constitución y paladines de la verdad y la justicia.