• POR OSCAR GERMAN LATORRE
• Abogado

La vivencia diaria en tribunales nos permite enfrentar todo tipo de injus­ticias, de situaciones absurdas, de fis­cales extorsionadores y de jueces que parecen mercaderes. También sabemos que existen mafias de abogados que controlan los proce­sos y que, en muchos casos, logran congelarlos eternamente en algún cajón de un ministro de la Corte. Pero lo que estamos escuchando realmente supera nuestra imaginación más generosa y nos muestra un sistema judicial que no puede sobrevivir un segundo más.

Necesitamos llamar a una Constituyente con carácter de urgencia y modificar todo aquello que está permitiendo la injerencia de los polí­ticos en el sistema de justicia. Hace un par de meses atrás, hablando con un agente fiscal me señalaba que sentía vergüenza cuando le pre­guntaban a qué actividad se dedicaba. Hay magistrados y fiscales definitivamente hones­tos pero la lista de corruptos que deben ser remo­vidos del cargo resulta casi interminable.

Desconozco el mecanismo de obtención de estas grabaciones pero debo decir gracias porque nos presenta un capítulo más de la comedia de Dante. De ser ilegales esas grabaciones, de no tener las autorizaciones judiciales correspondientes, ellas serán inevitablemente nulas, sin ningún valor jurí­dico y toda esta inmundicia que hoy estamos obser­vando y constatando, puede que no tenga un justo castigo y que hasta los más delincuentes de cuanto se ha podido escuchar queden libres e impunes.

Ahora bien, la crisis del sistema de justicia no se limita a la gestión que podría corresponder a uno o más integrantes del Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados, porque la cruda verdad es que el 95% o más de los diputados y senadores sistemáticamente tienen injerencia en la desig­nación de magistrados, fiscales, funcionarios y en los requerimientos del Ministerio Público o en las decisiones judiciales. Es triste decirlo pero todos se bañan en la misma roña, todos tienen el mismo pecado y todos, de algún modo, han sido vistos en los pasillos del Tribunal con sus carpe­tas de pedidos entre sus brazos.

Ayer al mediodía, en una sesión extraordinaria, el Senado suspendió a Óscar González Daher por 60 días. Varios senadores se cortaron las muñecas para exteriorizar su indignación por el contenido de esas grabaciones y dedicaron interminables minutos para criticar al legis­lador suspendido como también al presidente Horacio Cartes. Una jornada cargada de hipo­cresías y de oportunismo político, porque todo lo que ayer se dijo en el Senado pretendió tener una directa incidencia en las elecciones de hoy domingo. Como dicen algunos amigos, kavara nhohechái huguái.

Como el único interés era el de sacar provecho político, impusieron la suspensión de 60 días a González Daher sin haberle dado la mínima opor­tunidad de defenderse de las acusaciones de sus pares. La suspensión es una sanción y, como tal, debía observarse estrictamente cuanto dispone el artículo 17 de la Constitución Nacional que reza: "De los Derechos Procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera deri­varse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia; …3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales… 8. que ofrezca, prac­tique, controle e impugne pruebas… 9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones pro­ducidas en violación de las normas jurídicas…".

Íntimamente, estoy plenamente convencido de que las grabaciones reflejan la grave crisis del sistema de justicia; hoy ningún fiscal o juez se ruboriza por sus requerimientos o decisiones que constituyen un verdadero carnaval abso­lutamente extraño al derecho positivo vigente.

En un estado de derecho también el Senado se encuentra sometido a la Constitución y a la ley y lo que ayer decidieron violenta la Constitución por el indisimulado oportunismo político con el que se adoptó la medida. Esa ligereza y despre­cio absoluto por el debido proceso terminarán al final del camino beneficiando a los supuestos responsables de maquinaciones para torcer el sistema de justicia.

Aclaro que no estoy defendiendo a González Daher ni a ninguno de los que diariamente tie­nen injerencia política en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Lo que pretendo con estos comentarios es simplemente advertir que si cree­mos que suspendiendo a González Daher acaba­remos con la corrupción reinante, estamos abso­lutamente equivocados. Con absoluta seguridad cualquiera que sea el reemplazante de Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento seguirá con las mismas prácticas o tal vez peores y eso es lo que tenemos que tener bien en claro para que estos impresentables que se vistieron de apóstoles, no nos engañen con sus descarados discursos y sus hipócritas y falaces decisiones de simple oportunismo político.

La única solución de esta crisis es una reforma constitucional que permita una mínima parti­cipación de la clase política en los procesos de designación y enjuiciamiento de magistrados. En cuanto a la representación del gremio de abo­gados, el sistema de elección debería ser susti­tuido por un sorteo entre los abogados con más de 20 años de ejercicio profesional. Resulta una verdadera grosería saber que algunos candida­tos al Consejo invierten hasta más de un millón de dólares para acceder al cargo y de seguro se buscará el retorno y rentabilidad de ese dinero.

Sin perjuicio de la legalidad y validez de esas gra­baciones, ellas constituye una clara evidencia de que los políticos controlan el Poder Judicial, pro­tegen a los corruptos y destituyen a los honestos, a los que molestan y a los que no cumplen con los requerimientos de aquellos.

Hace más de 3 años que la Cámara de Diputados presentó acusación contra 3 ministros de la Corte por mal cumplimiento de sus funciones y comi­sión de delitos. El Senado inició el enjuiciamiento del ministro Sindulfo Blanco, pero sin el quó­rum exigido por la Constitución y eso producirá inevitablemente la nulidad de todo el proceso.

El texto de la Constitución es claro y mientras 23 senadores trataban de cumplir su función el resto se paseaba por algún shopping, algún lugar de veraneo o simplemente cacareaban como lo suelen hacer los más mediáticos y hasta parece innecesario mencionar que jamás se inició el enjuiciamiento de los otros 2 acusados. Y, repito y recalco, ya han pasado 3 o más años de aquellas acusaciones por la Cámara de Diputados. Como puede verse, en el Senado el circo es permanente y los discursos que se suceden como en muchos casos, están cargados de una aviesa hipocresía.