- Por Dany Fleitas
- Periodista
daniel.fleitas@gruponacion.com.py
Recuerdo que ya en la "Declaración de Quito" (5 de setiembre de 1995), los jefes de Estado y de gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política de todos los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, más conocido como "Grupo de Río", afirmaban en un extenso pronunciamiento que la "libertad de expresión" se constituía en un rasgo característico del sistema democrático de sus países miembros. Inclusive, sostenían que ya no era una mera aspiración, sino una realidad en progreso en todos los países miembros.
El Grupo de Río había sido creado en 1990 como reemplazante de las actividades del Grupo Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá) y el Grupo de Apoyo a Contadora (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), conocidos como el Grupo de los Ocho. Paraguay se adhirió ese mismo año. Integraron el organismo de consulta todos los países de Sudamérica y de Centroamérica. Se extinguió en el 2010, en la Cumbre de la unidad de América Latina y el Caribe, en Playa del Carmen, México, donde se decidió la creación de un nuevo organismo denominado Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que heredaría los cometidos del Grupo de Río.
El Grupo de Río, hoy CELAC, había nacido con el objetivo de promover la democratización de la región de América y terminar con los conflictos armados, actuando de acuerdo con la ley internacional; revitalizar y restaurar el desarrollo económico y la cooperación, así como negociar mejores accesos a los mercados internacionales. Esta iniciativa surgió a la par de los esfuerzos hechos por la OEA y las NNUU.
Han pasado 20 años de aquella noble intención y solo algunos países han avanzado hacia el cumplimiento escalonado de los objetivos propuestos. Éstos contrastan con aquellos que todavía no han dado pasos firmes hacia su democracia plena. Lo que es peor, registran retrocesos graves en el respeto a los derechos humanos con serias violaciones a la libertad de prensa y de expresión ciudadana. El caso más emblemático y patético es Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, va camino a la dictadura plena. La comunidad internacional debe ejercer mayor presión a Maduro, y a otros como él, para refrescarles la memoria sobre los valores universales del desarrollo social y económico de los pueblos.
Recuerdo ese documento en particular porque precisamente realicé la cobertura periodística de la IX Cumbre en Quito, para un conocido diario de Asunción. No olvido esa cobertura en especial porque todos los periodistas coincidimos en que en América Latina era una constante la amenaza de acallar a la prensa de diferentes maneras.
Castro, Rafael Correa, Hugo Chávez (+) y su sucesor Nicolás Maduro, Evo Morales y Cristina Kirchner, son las figuras más representativas de una casta que piensa que la libertad de expresión es su principal enemiga y que la prensa debe ser acallada por mentirosa, corrupta e incapaz. Lastimosamente, esta corriente que se hace llamar Socialismo del Siglo XXI, es típica de los gobiernos autoritarios y que tiene imitadores aquí en el Paraguay que ya fueron gobierno, sin nada importante que destacar.
Los ataques crecientes en la región a la libertad de expresión y de prensa, como en Venezuela, no son otra cosa que mecanismos para silenciar los canales por los cuales millones de ciudadanos se enteran de las barbaridades cometidas por las autoridades de turno. De esa manera, los actos administrativos torcidos y los negociados no son revelados al pueblo. Lastimosamente, las autoridades judiciales muchas veces se someten a la presión de los políticos y producen sentencias favorables que terminan encajando una certera puñalada a la garantía constitucional del derecho a la información de la gente.