• Por Óscar Germán Latorre
• Abogado

Con motivo del horrendo crimen ocurrido el miércoles en Asunción, que costó la vida a un padre y a su hijo y dejó otras dos personas heridas, los políticos oportunistas nuevamente afloraron con declaraciones rimbombantes pero absolutamente carentes de seriedad.

El presidente del Directorio del PLRA, la conducción ejecutiva del Partido Patria Querida al igual que de otros partidos minoritarios que integran la oposición, con textos y argumentos llamativamente similares, exigieron al Gobierno, y específicamente, al presidente de la República, Horacio Cartes, que abandone la campaña proselitista en la que está inmerso y se dedique a gobernar y a asegurar a la ciudadanía condiciones de seguridad que hoy están quebrantadas.

Esas declaraciones, que no pasan de un simple oportunismo, desconocen toda la historia de la humanidad que nos presenta la existencia de carteles de organizaciones criminales que luchan entre sí para posicionarse en el negocio de la droga, del tráfico de personas y de otros negocios como nos demuestran otros países como EEUU, México, Centroamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, España, Francia, Italia y también la antigua Unión Soviética hoy Federación Rusa.

Con cierta ligereza hasta podría recomendar a esos tecnólogos de la seguridad, a esos hipócritas que hoy salen a hacer comentarios de todo tipo tratando de sacar ventajas electorales que se tomen un tiempito para ver simplemente la serie "El padrino" o las películas "El infiltrado", "El contador", "Traffic" y muchas otras del mismo género y podrán entender que el problema del crimen organizado transnacional no es exclusivo del Paraguay ni tiene una solución tan sencilla como pretenden plantearla.

Hay que combatir el flagelo, pero si se pretende seriamente tener algún éxito en esa lucha, ella debe sustentarse en una decidida acción de todos los poderes y estamentos del Estado y de la sociedad civil, evitando las falacias que solo buscan ventajas electorales y no sirven para resolver problema alguno. Lo más sorprende que está ocurriendo en este momento con tantos secuestros y la lucha entre carteles del crimen organizado es que la problemática aparece coincidente con la designación de una persona como Sandra Quiñónez para el cargo de fiscal general del Estado, quien a pesar de sus antecedentes de reconocida experiencia laboral, de resultados en juicios orales y también de su constante y rígida lucha contra el secuestro y específicamente contra el EPP, encuentra la dificultad que plantean quienes hoy reclaman con toda desfachatez que el Gobierno se preocupe de la seguridad pública.

Con absoluto descaro son esos mercaderes de la mentira quienes están privando a la ciudadanía de contar con una fiscalía general seria, eficaz y con una titular del órgano de persecución penal contra quien hasta hoy en día nadie ha podido hacer una crítica personal, laboral o de integridad más allá de los oportunistas e inconfesables cuestionamientos políticos o de los temores fundados sobre la suerte de ciertos políticos en caso de acceder la Dra. Quiñónez al cargo de fiscal general del Estado.

Es imperativo que la clase política comprenda que la lucha que mantienen con el actual gobierno resulta de importancia secundaria ante la gravedad de los hechos que diariamente van aconteciendo en nuestro país y utilizan la contienda electoral para evitar que una persona confiable y del mejor perfil para combatir estos flagelos, pueda ocupar el cargo que legítima y moralmente le corresponde.

Sin temor a equívocos y sin desconocer que el problema es grave, que existe y que la amenaza es real y que podría bien incrementarse, lo que correspondería sería que los distintos sectores políticos, y particularmente aquellos que ocupan cargos en el Congreso Nacional, se dediquen a cumplir con sus deberes y se dejen de jorobar a todo el pueblo con sus intereses mezquinos que siempre han prevalecido por sobre los intereses generales de quienes cometieron el error de votarlos y posicionarlos en esos cargos de representación popular.

Si exigen al Gobierno seguridad sería aconsejable que dejen definitivamente el juego perverso en el que están inmersos hoy en día, den el acuerdo constitucional a la Dra. Quiñónez y permitan un nuevo Ministerio Público que contribuya a darnos seguridad pública y jurídica a todos los ciudadanos y habitantes de este país, que acabe con la corrupción, con la impunidad y para ello deberíamos comenzar a limpiar muchos escenarios absolutamente impresentables que afectan la correcta gestión de los 3 poderes del Estado.

Eso es lo que pretende y exige la ciudadanía seria y eso es lo que deben escuchar estos señores legisladores para que el pueblo tenga una respuesta satisfactoria de sus representantes y una demostración de que sus exigencias, por lo menos por esta vez, serán atendidas y respetadas.

En materia de seguridad, ninguna solución podrá ser conquistada si los políticos abordan la problemática como si fuese un partido de barrio, como muchos lo están haciendo. Es tiempo de que se laven la cara, se sienten a discutir sobre el problema y busquen soluciones que, por cierto, jamás llegarán si utilizan estos gravísimos incidentes como banderas para sus reclamos y propósitos electorales. Que así sea.