La crisis brasileña ha desencadenado un proceso de limpieza política sin precedentes en la historia del país. Cerca de un 60% de los diputados y senadores están siendo investigados por la Justicia, la mayoría por corrupción. Pero también hay casos de asesinato, abuso de poder, falsificación, mala conducta administrativa y explotación laboral.
La elevada cifra obligó a la Justicia a tomar medidas para mitigar el impacto en la sociedad. La gran pregunta, sin embargo, es si el poder judicial se vendará los ojos en el momento de condenar a los acusados, señala una publicación del diario español ABC.
En Brasil los congresistas sólo pueden ser juzgados por el Supremo. De los 500 parlamentarios investigados por el Alto Tribunal desde que el país recuperó la democracia en 1988, apenas 16 fueron condenados y solo la mitad han cumplido condena. Cinco evitaron el castigo porque sus delitos prescribieron. La primera condena de la Corte fue en el 2010.
La semana pasada, Alexandre Moraes –ex ministro de Justicia del Gobierno de Michel Temer (Partido de Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, centrista)– recibió la aprobación de los senadores como nuevo magistrado de la Corte Suprema, tras la muerte de Teori Zavasky, ex jefe de la operación Lava Jato (Lavacoches). Zavasky era uno de los once magistrados del Supremo, que murió hace un mes en un accidente aéreo ocurrido en la costa del estado de Río de Janeiro.
En Brasil, el presidente propone los nombres de los magistrados del Alto Tribunal y los senadores los aprueban.
La investigación Lava Jato
El próximo día 17 se cumplen tres años de la apertura de la operación Lava Jato, en la que la Policía Federal investiga la corrupción en la compañía estatal Petrobras. La investigación surgió tras destaparse una trama de sobornos a políticos en una gasolinera con servicio de lavado de coches, situada a dos kilómetros del Congreso. De momento, trece senadores y cerca de cuarenta diputados de partidos políticos de izquierda, centro y derecha están implicados en este escándalo que supone el pago en sobornos de cerca de 1,3 millones de dólares. Ochenta y tres personas han sido condenadas en primera instancia (tribunales inferiores) y el Gobierno ha recuperado cerca de US$ 3 billones.