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Un tema sin resolver de la crisis financiera es el futuro de Fannie Mae y Freddie Mac, las dos firmas que están detrás de gran parte del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Fannie y Freddie compran hipotecas, las empaquetan en forma de valores y las venden a inversionistas con una garantía. Cuando el mercado inmobiliario de Estados Unidos colapsó hace una década, el gobierno tuvo que rescatarlas. Su trato a las firmas desde entonces ha creado una titánica lucha legal. Los accionistas se han dicho engañados. El 21 de febrero, un tribunal de apelaciones federal sostuvo un fallo a favor del gobierno.
En discusión está la decisión del gobierno del presidente Barack Obama en el 2012 de aspirar todas las utilidades de Fannie y Freddie. Hasta entonces, había recibido un dividendo fijo sobre su inversión. La oportunidad del cambio fue asombrosa: justo antes de un aumento en la rentabilidad de las firmas. Desde el 2008, la Tesorería ha absorbido unos 250.000 millones de dólares de las firmas, 30 por ciento más que el costo del rescate.
El cambio encolerizó a los fondos de cobertura que habían comprado acciones de Fannie y Freddie y se encontraron expropiados. La demanda de los inversionistas sostenía que el gobierno excedió su autoridad al apoderarse de todas las utilidades. Un tribunal federal desechó esa afirmación en el 2014; tomó hasta ahora que un tribunal de apelaciones sostuviera las partes más importantes del fallo. Un aspecto extraño del dictamen es que ignoró en gran medida los argumentos sustantivos, pero concluyó que el tribunal carecía de autoridad para frenar las acciones del gobierno.
Su fallo hizo que las acciones de Fannie y Freddie cayeran. Eso revirtió la mitad de la recuperación provocada por la victoria de Donald Trump en la elección presidencial. Los inversionistas estiman que el gobierno de Trump será más favorable para los inversionistas de Fannie y Freddie. Inicialmente, Steve Mnuchin, ahora secretario del Tesoro, dijo a una red de noticias de negocios que Fannie y Freddie deberían ser privatizadas de nuevo. Pero, en su audiencia de confirmación ante el Senado en enero, pareció retractarse de esas declaraciones.
Las firmas difícilmente son sólidas. La Tesorería está reduciendo su capital en 600 millones de dólares al año. Para el 2018 no habrá quedado nada. De ahí en adelante, si las firmas generan una pérdida, necesitarán echar mano de una línea de crédito de emergencia del gobierno. Hacerlo sería descrito por algunos como un segundo rescate.
Esa inquietante perspectiva debería ofrecer cierto impulso a la búsqueda de una solución alternativa. Pero será difícil encontrar una estructura de propiedad para Fannie y Freddie que satisfaga a todos. Las empresas mantienen baratas las hipotecas agrupando a los contribuyentes con una cantidad asombrosa de riesgo. (Si el mercado inmobiliario colapsara, el costo para la Tesorería sería de entre 2 y 4 por ciento del PIB, según un análisis de The Economist). Pocos querrán que los inversionistas obtengan utilidades apoyándose en esa garantía de los contribuyentes.
El tribunal no permitirá que los demandantes litiguen algunas declaraciones contractuales. Y una de los tres jueces en este tribunal disintió claramente del fallo. El gobierno, señaló, había realizado un "salto con garrocha" por encima de su autoridad. Los demandantes "no son inversionistas totalmente inocentes o mal informados". Pero habían estado apostando a que prevaleciera el régimen de derecho: "En este país, todos tienen derecho a ganar esa apuesta".