Sindicalistas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) confesaron que viajaron hasta Montevideo, Uruguay, para reunirse con representantes del consorcio Cedicor con el propósito de organizar un operativo de presión, que apuntaba a "incendiar" el aeropuerto como medida de presión, en el caso de que el proceso falle en contra. Incluso, exhibieron mensajes escritos por los empresarios en los que ofrecían incentivos económicos a los funcionarios.

Por Jorge Torres Romero

Para fines de diciembre del año pasado estaba programada una manifestación convocada por tres de los siete sindicatos que tiene actualmente la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), para ejercer presión en favor del consorcio Cedicor, que era una de las tres empresas que ofertó para el proyecto de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, bajo la modalidad Alianza Público Privada (APP).

Para ese efecto, fueron convocados los líderes de estos sindicatos por el representante del consorcio Cedicor a Montevideo, Uruguay, a fin de diseñar la estrategia a seguir.

En un primer momento hubo una oferta de US$ 50 mil para movilizar a los funcionarios y luego la promesa de que habría más incentivos si el ruido que se hacía era fuerte.

En uno de los mensajes enviados a un sindicalista (plenamente identificado por nuestro medio), se lee que la propuesta de los representantes del consorcio era "incendiar" la terminal aeroportuaria, en el sentido de hacer mucho ruido para llamar la atención de quienes, en ese momento, debían determinar la continuidad del proceso licitatorio.

La movilización fracasó a raíz de que no lograron convencer a los demás sindicatos para que se sumen a la idea, esto debido a que los otros sindicalistas siguen con el proyecto de hacer las mejoras y modernización que necesita actualmente el aeropuerto con los recursos propios generados por la Dinac.

Es decir, si acompañaban la movilización para que el proceso licitatorio prosiga y encima en favor de uno de los oferentes, estarían pateando contra su propia olla. Esa fue la lectura que hicieron algunos líderes sindicales y por lo que la movilización se suspendió.

El representante de Cedicor, Eduardo Acosta, en contacto ayer con la 780 AM, negó que haya habido una propuesta del Grupo Zuccolillo de formar parte del proyecto de modernización del aeropuerto. Sin embargo, dos altos funcionarios de este Gobierno (fuentes de nuestro diario) se ratificaron en que el propio Acosta fue quien contó, con lujo de detalles, cómo fue la propuesta y quién fue el intermediario.

"Este tema se ha transformado en un tema político y lo debe resolver cada país y su gente. Es triste que se hayan perdido la oportunidad. El tren pasa una sola vez. Es una lástima que hayan perdido la oportunidad de renovar el aeropuerto, cuando que en toda América Latina lo están logrando", declaró Acosta en la citada emisora.

Lo raro de esta declaración del representante de Cedicor es que ya asume que la renovación del aeropuerto no se dará, sin embargo, hasta ahora el proceso licitatorio sigue su curso, ya que el comité evaluador no se ha pronunciado aún.

Consultado sobre el motivo de la descalificación de Cedicor de todo el proceso, Acosta se limitó solo a hablar de un aspecto del porqué quedó fuera y no del tema central. "Supuestamente nos descalifican por tener 10 metros cuadrados menos de vidrio en una fachada. Cuando en una obra de US$ 150 millones aproximadamente, el pliego establece que las diferencias que no son sustanciales se pueden modificar en la obra", aclaró.

Si bien ese punto se tuvo en cuenta, el motivo real de su descalificación fue que Cedicor se volvió a ratificar cuando fue consultado por el comité evaluador acerca de la "adecuación del área de seguridad de extremo de pista de ambas cabeceras de pista, para proporcionar un área de seguridad extremo de pista de 240 metros de longitud y 150 metros de ancho, en conformidad con la directiva de la Autoridad Aeronáutica Civil del Paraguay". El consorcio no se adecuó a estos parámetros y por eso quedó fuera.

El 13 de junio del 2016, el diario ABC Color publicó "Eurnekian sobornó gobierno para controlar aeropuertos, según informe". El medio reprodujo publicaciones del diario La Nación de la Argentina, que hacían referencia a los manejos oscuros del Grupo Eurnekian para quedarse con las licitaciones de los aeropuertos.

En ese entonces, ABC Color consideraba que el consorcio Cedicor (Grupo Eurnekian) tenía vínculos con miembros del comité evaluador, quienes finalmente determinarían el proceso a su favor.

Sin embargo, meses después, según confesión del propio Eduardo Acosta a dos altos funcionarios del Gobierno, el Grupo Zuccolillo (ABC Color), a través de un intermediario (un reconocido arquitecto, experto en desarrollos inmobiliarios) les planteó formar parte de la sociedad. Inicialmente, la propuesta cobró fuerza porque solo pretendían ingresar con el 30%, pero finalmente la propuesta subió al 51% y ahí se truncó la operación.

Al propio Acosta le había llamado la atención de que el medio acuse a su grupo de sobornar gobiernos para ganar licitaciones y luego plantee asociarse a ese mismo grupo.

Eurnekian, en 1998, se quedó con la mayor parte de los aeropuertos de Argentina –por el plazo de 30 años– obligándose a pagar un canon anual de 171 millones de dólares. Para el 2002, había acumulado una deuda de más de 357 millones de dólares con el Estado argentino, según el informe resultante de una comisión de investigación que se constituyó en la Cámara de Diputados de ese país, para investigar lo que llamaron "El caso Eurnekian".

La investigación en cuestión explica la forma en que durante los gobiernos kirchneristas, el empresario Eduardo Eurnekian se benefició

con medidas que derivaron en la reducción del importe que debía pagarle al Estado.

Por ejemplo, le autorizaron cambios en el contrato, que luego Eurnekian utilizó para reclamar al Estado 200 millones de dólares "por deficiencias en la entrega de aeropuertos".

Al año siguiente de habérsele otorgado la concesión de los aeropuertos argentinos, en 1999, el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Rodolfo Barra, autorizó un descuento de casi 25 millones de dólares del primer canon de la concesión.

En solo tres años, Eurnekian no solo había acumulado una deuda de 357 millones de dólares con el Estado argentino, sino que además consiguió que benevolentes funcionarios le dieran pie para encarar reclamos al Estado por 200 millones de dólares.

Aún cuando no había pagado el canon y existían todos los elementos para rescindir el contrato, Eurnekian consiguió que las condescendientes autoridades del gobierno de Néstor Kirchner primero, y de su esposa Cristina Fernández, después, renegociaran con él su contrato. Allí el Estado se convirtió en su "socio", a cambio del 15% de las acciones.

Publicaciones periodísticas y denuncias de los abogados del consorcio Cedicor, que fue descalificado del proceso licitatorio para la modernización del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, vía Alianza Público Privada (APP), señalan que el consorcio Sacyr, que actualmente está en competencia, debería ser descalificado por no ajustarse a lo que establece el pliego de bases y condiciones ya que, según dicen, posee antecedentes de incumplimiento de contratos en otros países.

Representantes de la compañía española Sacyr señalaron que las denuncias son infundadas y confían en el actual proceso que determinará la APP en el Silvio Pettirossi.

Sostienen que su actuar en Paraguay y el resto de los países donde operan es totalmente transparente y avalado con respaldo financiero de prestigiosos bancos internacionales, por lo que las objeciones no tendrían fundamento.

Tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, la firma cuenta con todo el respaldo dicen sus representantes, quienes exponen las cifras de la empresa a nivel mundial, puntualizando en la facturación de US$ 3.000 millones anuales, con beneficios de enero a setiembre del año pasado que alcanzan US$ 90 millones y activos que llegan a US$ 10.000 millones.

La firma está presente en 25 países y cuenta con apoyo financiero de multitud de bancos y entidades internacionales de todo el mundo, cartas de apoyo de JP Morgan, del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, que según dicen, no tienen duda de la capacidad de Sacyr de llevar desde el aspecto técnico y financiero una obra como el futuro aeropuerto en nuestro país.

Acerca de las dudas u objeciones de la empresa en su desempeño en obras como el aeropuerto de Murcia (España), o su participación en la ampliación del Canal de Panamá, sostienen que, en el caso Murcia, hubo una sociedad concesionaria encargada de construir y explotar el aeropuerto, con una inversión de 280 millones de euros. Dicha sociedad cumplió, construyó el aeropuerto, obtuvo las licencias y permisos, el aeropuerto está listo para entrar en operaciones. Pero, dentro del protocolo político entre las administraciones central y regional estaba como condición el cierre del aeropuerto antiguo, y, como no se pusieron de acuerdo, no se puede abrir el nuevo.

Esa sociedad formada no tiene ningún papel en el concurso de APP del aeropuerto Silvio Pettirossi, porque solo fue constituida para aquel fin; aquí en Paraguay se presenta otra sociedad, explicaron.

En relación a las obras en el Canal de Panamá aclararon que, en marzo del 2014, llegaron a un acuerdo entre Sacyr y la administración de la obra, en que se debía aportar de ambos lados, cada uno, US$ 800 millones para proseguir la construcción, por retrasos habidos.

Las diferencias surgidas de esta operación se están dirimiendo a través de un Tribunal Arbitral en Miami (EEUU), y mientras el tribunal no dictamina quién es el culpable, nadie puede señalar a la empresa. La obra está acabada a satisfacción del cliente; se inauguró en junio pasado. Los conflictos en el aspecto arbitral están pendientes de ser resueltos, enfatizaron.

A criterio de los referentes de Sacyr, el proceso en Paraguay es transparente, y no saben qué motiva a algunos sectores a criticar su situación financiera o su participación en obras.

Acerca del supuesto vínculo que tendría el consorcio con la aseguradora Royal, vinculada a Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Sacyr explica que tienen un broker de seguros en Europa que se encarga de buscar aseguradoras locales en cada país.

En Paraguay, el broker optó por Royal al considerar que era la firma más competitiva y la que le convenía para su operación, no habiendo ningún tipo de incapacidad de la aseguradora para realizar la actividad en Paraguay. Sacyr no conoce, ni tiene relación directa con la empresa.