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LOS ANGELES - En un momento de su campaña como candidato a presidente, Donald Trump prometió expulsar a los 11 millones de inmigrantes que se estima viven ilegalmente en los Estados Unidos. En otros momentos, también habló de concentrar los esfuerzos de deportación en las "personas malas", que es en realidad una descripción justa de la política de su predecesor.

"Estarán fuera (de los Estados Unidos) tan rápido que tu cabeza dará vueltas", dijo Trump en agosto pasado a Bill O'Reilly, un presentador de televisión. Dos memorándums del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense publicadas el 21 de febrero último ofrecen una mirada detallada a la definición que de la maldad hace Trump.

Y es amplia. Los documentos se refieren al muro propuesto a lo largo de la frontera sur, reafirman el objetivo de aumentar el número de patrullas fronterizas y oficiales de inmigración y anuncia el resurgimiento de una política que alienta a las agencias locales de policía a actuar como agentes de inmigración. Las circulares también avisan sobre una revisión de las prioridades sobre a quién deportar, con el objetivo de aumentar el número de personas que podrían ser expulsadas rápidamente.

Hacia el final de su segundo mandato, el presidente Barack Obama ordenó a los agentes federales que concentraran su atención en deportar a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país y que son sospechosos de terrorismo y los que tienen condenas penales. En el 2011, el 67% de los que fueron expulsados de los Estados Unidos antecedentes penales. Para el año 2016, la proporción se había incrementado hasta el 92%.

La nueva guía dice que los agentes federales no deben enfocarse sólo en los condenados por delitos. "Bajo Obama había 2 millones de personas elegibles para la deportación. Ahora, ese número podría estar entre 8 y 11 millones. Básicamente, todos aquellos indocumentados se han convertido en una prioridad", advirtió José Magaña-Salgado, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, un grupo de defensa.

El gobierno estadounidense planea poner fin a una política coloquialmente conocida como "captura y liberación". Esto permite a los inmigrantes indocumentados considerados sin peligro de fuga o que no resulten una amenaza a la seguridad pública a esperar los resultados de sus casos en libertad ambulatoria. Bajo las nuevas pautas, los inmigrantes con casos de deportación pendientes serán encerrados o monitoreados, por ejemplo, con tobilleras electrónicas. La administración también está reconsiderando quién debe ser elegible para la deportación inmediata.

En la actualidad, sólo los inmigrantes ilegales capturados dentro de 100 millas de la frontera y con una permanencia menor a 14 días pueden ser deportados sin comparecer ante un juzgado. La administración puede cambiar las reglas para que cualquier indocumentado con menos de dos años de residencia en los Estados Unidos pueda ser deportado sin ser llevado ante un juez.

Esto sería mucho más rápido que el proceso estándar de deportación, en virtud del cual los inmigrantes deben recibir una orden de expulsión de un tribunal de inmigración. El sistema es un desastre. A nivel nacional hay más de 500.000 casos de inmigración pendientes con alrededor de 300 jueces para atenderlos. En promedio, un proceso de deportación puede durar 677 días.

El presidente tiene el mandato de hacer cumplir las leyes de inmigración. El país tiene leyes de inmigración que no se han aplicado. Pero incluso el régimen de Obama, supuestamente más suave, deportó cientos de miles cada año. Gastó más en la aplicación de la ley de inmigración que en el FBI, la DEA, el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service) y el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, combinados. La administración de Trump gastaría todavía más: completará un muro fronterizo, reclutará a 10.000 nuevos agentes de inmigración y aduanas, así como a 5.000 oficiales y agentes de la patrulla fronteriza.

Sólo la patrulla fronteriza podría representar un incremento de US$ 910 millones a un presupuesto de 3.800 millones de dólares destinados a pago de personal. Un documento filtrado del Departamento de Seguridad Nacional sugiere que el muro podría costar 21.600 millones de dólares. La abolición de las políticas de captura y liberación demandaría más detenciones. Ahora existen alrededor de 40.000 detenidos y eso cuesta al gobierno estadounidense alrededor de 128 dólares por preso cada día. Convencer al Congreso a ampliar el presupuesto podría resultar difícil, a pesar del dominio republicano del parlamento. "Esto enfrenta las preocupaciones tradicionales de los republicanos en torno al gasto del gobierno en contra de su deseo de seguridad fronteriza", dijo John Sandweg, ex jefe del ICE bajo Obama.

Los tribunales también pueden aplicar tijerazos a las redadas con fines de deportación. "Está implícito en los memorándums que la idea del gobierno es hacer a un lado el debido proceso para aplicar un plan de deportación masiva", alertó Omar Jadwat, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, otro grupo de defensa. Él dice que ampliar la lista de los elegibles para la deportación inmediata es como invitar a que se planteen juicios. Mientras tanto, dijo Matt Barreto, de la Universidad de California, en Los Ángeles, la nueva orientación tendrá otro efecto en los inmigrantes que residen en los Estados Unidos sin permiso legal. Es probable que se retiren de la sociedad en general. Sospecha que serán menos propensos a denunciar crímenes, visitar hospitales o incluso enviar a sus hijos a la escuela por temor a ser atrapados.