Sísifo fue condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar de nuevo al final de la jornada. Sin embargo, una eternidad de esfuerzos estériles parece razonables al lado del esfuerzo de mantener a Grecia en la zona euro y fuera de la cesación de pagos. Son casi siete años desde el primer rescate griego. Un segundo paquete de rescate se registró poco después.
En el 2015, Grecia estuvo cerca de salir del euro antes de su recién estrenado primer ministro, Alexis Tsipras, se comprometiera a la tarea de podar el presupuesto como condición de un tercer rescate. Ahora, un nuevo desastre griego está en ciernes otra vez.
Esta vez, el origen del problema es una disputa entre los dos principales acreedores sobre la forma de evaluar la deuda pública de Grecia. El enfrentamiento pone en peligro un pago a Grecia desde el fondo de rescate de la zona euro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM, por sus siglas en inglés), que cancelaría 6,3 mil millones de euros (US$ 6,7 mil millones) de bonos con vencimiento en julio. Si no se concede el dinero, Grecia incurrirá en mora. Tarde o temprano, la salida de Grecia sería difícil de evitar.
Las esperanzas de un acuerdo antes de una reunión de ministros de Finanzas de la zona del euro, prevista para este 20 de febrero, se han evaporado. Un acuerdo debe ser en el interés de todos y la crisis griega tiene un historial de correcciones de última hora. Lamentablemente, hay razones para temer que riesgos políticos calculados se interpongan en el camino.
Antes de este nuevo impasse, la economía de Grecia estaba mejorando. Los depósitos habían comenzado de nuevo en los bancos, permitiendo al Banco Central Europeo (BCE) reducir sus préstamos de emergencia. El producto interno bruto aumentó de manera irregular después de años de disminución persistente. El desempleo sigue lamentablemente alto, en el 23%, pero se ha reducido desde un máximo del 28%. Y Grecia superó cómodamente un objetivo fundamental registrando un superávit presupuestario primario (que excluye los costos de la deuda con intereses) por encima del 0,5% del PIB en el 2016.
Aun así, la economía está demasiado débil para soportar un nuevo episodio de austeridad. Casi la mitad de los préstamos bancarios están en mora. La inversión es débil. El crédito a las pequeñas empresas, la columna vertebral de la economía, es escaso. Las reglas de negocio y los códigos de impuestos son antipáticos y cambiantes. Además, el superávit primario de Grecia es el resultado de políticas ineficientes e injustas. Las tasas de impuestos marginales aumentaron, mientras que proliferan excepciones, una receta para que los griegos ejerzan su dominio del arte de la evasión fiscal. Más de la mitad de los asalariados en Grecia están exentos del impuesto a la renta. El gasto esencial se ha reducido, aun cuando las jubilaciones siguen siendo generosas. Un griego recientemente jubilado recibe el 81% del salario promedio, en comparación con el 43% que recibe un alemán.
En este contexto, una disputa entre los acreedores de Grecia ha estado fermentando. La cuestión es el papel del Fondo Monetario Internacional en el rescate. Alemania y los Países Bajos no confían en la Comisión Europea para controlar a Grecia y han hecho de la participación del fondo una condicionante de su apoyo. El FMI se muestra reacio. Sus responsables piensan que el objetivo del programa –un superávit primario sostenido del 3,5%– podría llevar a la economía griega a la recesión. Ellos preferirían retrasar más medidas de austeridad e insistir en las medidas fiscales más defendibles que harían menos daño. Europa cree que el FMI es demasiado pesimista sobre las perspectivas de Grecia.
Estos no son los únicos puntos conflictivos. Por las propias reglas del FMI, el organismo no puede participar a menos que considere que el rescate dejará una carga insostenible de deuda. Para que el rescate griego se apruebe se requeriría un compromiso con la reducción de la deuda de los socios de la zona euro. Pero un compromiso explícito de absolver a Grecia de sus deudas sería políticamente venenoso, debido a que podría aumentar el apoyo a los partidos antieuropeos antes de las elecciones en los Países Bajos, Francia y Alemania. En su lugar, Klaus Regling, jefe del ESM, argumenta que la evidente "solidaridad" de la zona euro con Grecia (el ESM tiene dos tercios de la deuda, en gran parte a los plazos más largos y tasas bajas) es suficiente para hacer que las cosas funcionen.
Eso es una farsa. La mayor parte de los bonos con vencimiento en julio pertenecen al Banco Central Europeo. Por lo tanto, esencialmente, los acreedores de Grecia están discutiendo entre ellos sobre si se deben acordar un pago de una institución a otra de la zona euro. La forma del compromiso es clara. Grecia tendrá que aprobar una legislación que comprometa al gobierno a reducir las pensiones y los subsidios al impuesto a la renta después del 2018. Los acreedores europeos tendrán que comprometerse a financiar la deuda de Grecia a las actuales bajas tasas de interés. Y el FMI tendrá que admitir un objetivo de mayor superávit fiscal para Grecia de lo que le gustaría.
JUGANDO CON LA ROCA
Sin embargo, todo podría salir mal. Tsipras parece pensar que puede esperar a que el FMI, incitado por los Estados Unidos bajo Donald Trump, abandone su gestión del rescate. La incertidumbre resultante hará retroceder la frágil economía de Grecia. La creciente agitación política en Alemania y Francia también podrían hacer que el acuerdo sea más difícil de alcanzar. Un largo estancamiento corre el riesgo de ver a Grecia rodar hasta el fondo de nuevo. Nadie se beneficiaría.