© 2017 Economist Newspaper Ltd, Londres. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso.
A primera vista, hay poco de qué entusiasmarse. La octava orden ejecutiva de la naciente presidencia de Donald Trump, firmada el 3 de febrero, enlista siete "principios básicos" para regular al sistema financiero de Estados Unidos. Estos incluyen la prevención de rescates por parte de los contribuyentes, hacer avanzar los intereses estadounidenses en las negociaciones internacionales y poner orden al revoltijo de la regulación federal. El secretario del Tesoro y los reguladores deben reportar para principios de junio cuán bien encajan las leyes existentes en la iniciativa.
"Hay poco en la orden ejecutiva en sí que el gobierno de Obama hubiera objetado", dijo Doug Elliott de Oliver Wyman, una firma consultora.
Sin embargo, aunque el edicto no menciona la Ley Dodd-Frank del 2010, que redefinió la regulación financiera tras la crisis financiera del 2008-2009, apunta principalmente a esa legislación. Otro memorando presidencial allana el camino hacia el aborto de una regla que hace más estrictas las obligaciones de los asesores financieros con los estadounidenses que están ahorrando para su jubilación.
Muchos bancos, especialmente los más pequeños, aborrecen la Ley Dodd-Frank de 848 páginas y sus resmas de reglas resultantes. Según Davis Polk, un despacho legal, 111 de sus 390 "requisitos de reglamentación" aún no han sido finalizados. Trump ha llamado a la Dodd-Frank un "desastre" y prometido "hacer muchas cosas" con ella.
Qué tantas cosas tiene en mente este equipo –y cuánto puede manejar– aún no está del todo claro.
Gracias en parte a la Dodd-Frank, los bancos de Estados Unidos son mucho más seguros de lo que eran: la proporción de capital de categoría 1 –principalmente patrimonio neto– de los seis bancos más grandes en relación con los activos de riesgo ponderado, la principal medición de su fuerza, era de apenas entre 8 y 9 por ciento antes de la crisis, mientras que desde el 2010 ha sido de entre 12 y 14 por ciento. Entre muchas más cosas, la ley también introdujo duras pruebas de estrés de la capacidad de los bancos más importantes para soportar tormentas adicionales, los obligó a elaborar "documentos de voluntad anticipada" para prepararse para la bancarrota, si les azotaba la calamidad, y les prohibió comerciar en valores para su propio beneficio, una restricción conocida como la regla de Volcker.
Basta, dicen los banqueros. Aunque criticó duramente a Wall Street durante la campaña, Trump ahora parece estar de acuerdo.
Gary Cohn, su asesor económico en jefe y presidente de Goldman Sachs hasta diciembre, dijo a The Wall Street Journal que como los bancos deben "tener cada vez más y más capital … ese capital no sale al sector minorista de Estados Unidos". El manejo de múltiples reguladores, dijo, estaba conteniendo la concesión de préstamos. También proyectó dudas sobre otras partes de la Dodd-Frank, notablemente sus procedimientos para liquidar a los grandes bancos cuando no se pueda aplicar el código de bancarrota.
Eso se hace eco de las quejas expresadas a muchos kilómetros de distancia de Wall Street. Wayne Abernathy de la Asociación Estadounidense de Banqueros, un organismo comercial, argumentó que los bancos comunitarios están evitando conceder préstamos a clientes nuevos o marginales, para no tener que justificarse ante varios reguladores.
"La concesión de créditos se ha reducido a hipotecas, clientes conocidos y la agricultura", afirmó.
Esto a su vez, añadió, expone a los bancos a otra queja de los supervisores: que su concesión de créditos está demasiado concentrada.
Al suavizar el impacto de la Dodd-Frank, la administración parece más fácil que la legislación. La Dodd-Frank da a los reguladores el poder de intervenir, pero también les da la discreción para desistir, como Trump pudiera decirles que hagan. Podría permitirse morir a las reglas aún no completadas, otras podrían ser aplicadas menos vigorosamente y se pudiera alentar la coherencia entre los reguladores.
Esto quizá tome tiempo. Es probable que Steven Mnuchin, el seleccionado de Trump para el puesto de secretario del Tesoro, sea confirmado pronto, pero importantes cargos de menor rango en el departamento también necesitan la aprobación del Senado y deben ser cubiertos. Trump también debe encontrar un vicepresidente para la Reserva Federal, la cual tiene la responsabilidad de la supervisión financiera. Una vez que lo haga, muchos esperan que Daniel Tarullo, el gobernador de la Fed que ha estado ocupando el cargo, renuncie. Puestos en otros reguladores están vacantes o pronto lo estarán.
Los obstáculos para cambiar las leyes son más altos. Aunque los republicanos tienen el control de ambas cámaras del Congreso, tienen solo una ventaja de 52-48 en el Senado, menos de los 60 votos que necesitarían para romper una táctica obstructiva. Convencer a ocho demócratas de apoyar una legislación que haría más fácil la vida de los bancos es un verdadero desafío.
Sin embargo, señaló Elliott, cierto acuerdo bipartidista en el Congreso es posible; notablemente en torno de elevar el umbral para que un banco sea una "institución financiera sistémicamente importante" (SIFI, por su sigla en inglés) de 50.000 millones de dólares en activos a quizá 250.000 millones de dólares, reduciendo el número de las 34 SIFI que ahora pasan anualmente por pruebas de estrés y revisiones de capital realizadas por la Fed.
Eso convendría, entre otros, a Zions Bancorp, un prestamista basado en Utah con activos de 63.000 millones de dólares; una improbable amenaza sistémica. Ha destinado a casi 500 empleados a manejar el cumplimiento, las auditorias internas y demás, y gastado muchos millones en modelos cuantitativos. Estos ahora apuntalan su toma de decisiones sobre el capital y el crédito, y Zions no se inclina por reducir su uso.
Sin embargo, a Harris Simmons, su director ejecutivo, le gustaría "el alivio de no estar sujeto a la caja negra de la Fed".
Las propuestas que podrían afectar al gasto de dinero público, las cuales requieren solo una mayoría simple, también pudieran ser impulsadas. Esto permitiría a los republicanos controlar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, un organismo creado por la Dodd-Frank y financiado por la Reserva Federal, en vez de directamente por el Congreso. También les permitiría poner fin al procedimiento de liquidación, que concibe un fondo temporal de dinero público; para los puristas, un inaceptable rescate por parte de los contribuyentes.
El representante Jeb Hensarling (republicano de Texas) probablemente presentará de nuevo la legislación que propuso el año pasado, que ofrece a los grandes bancos una regulación menos onerosa, incluida la desaparición de la regla de Volcker, a cambio de un capital más alto: un ratio de apalancamiento mínimo –de capital en relación con los activos no ponderados– de 10 por ciento.
Sin embargo, este intento podría fracasar en el Senado. Pocos grandes bancos están ansiosos de regresar a la administración de cartera propia en cualquier caso, y piensan que tienen mucho capital, gracias.
Thomas Hoenig, vicepresidente de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que supervisa a los bancos, no está de acuerdo.
"Necesitamos tener una forma sencilla de medir el capital –el ratio de apalancamiento– y ese ratio necesita ser de alrededor del 10 por ciento", afirmó.
En junio deL 2016, el promedio de los ocho bancos mundialmente importantes de Estados Unidos fue de solo 5,75 por ciento. Con bancos mucho más fuertes, otras partes de la regulación pudieran desmoronarse. Las pruebas de estrés pudieran ser realizadas por los propios prestamistas, en vez de por el gobierno, y no habría necesidad del contencioso procedimiento de liquidación de la Dodd-Frank.
No parece probable nada tan radical. Una regulación más ligera tiene sentido, sin embargo, especialmente para los bancos más pequeños. Menos capital, especialmente para los grandes, definitivamente no.