Dentro del panorama político electoralista en el que estamos atrapados como si estuviéramos ya en el 2018, enfrentando la elección de autoridades para el próximo período, el próximo eje de conflicto, que se mantiene en suspenso por las largas vacaciones del Poder Legislativo, es el que se viene, porque ya ha sido anunciado por algunos senadores de la oposición coyunturalmente mayoritaria en el Senado, el tema de la vigencia del Presupuesto Nacional, que, tras las desavenencias entre el Senado y el Ejecutivo que son de público convencimiento, y de pública preocupación, se saldaron vía veto presidencial.
La Constitución no deja duda alguna de que, en caso de que no se pueda aprobar dentro de los plazos establecidos o que el mismo fuera rechazado… "seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso". La lógica es inapelable: un país con una administración pública sin presupuesto aprobado es inviable, se asfixiaría por inanición.
Insólitamente, nadie ha discutido el hecho, en general, aunque hubo algunos intentos de declarar inconstitucional el derecho al veto del Presidente, constitucional y legalmente explícitamente garantizado; pero, la aberración fue tan grande que no prosperó.
Sin embargo, el electoralismo no ha parado y ha surgido la tesis de que los "bonos soberanos", que forman parte del presupuesto aprobado en el 2016, tienen que ser de nuevo puestos a consideración del Legislativo. Es decir, hay una parte del Presupuesto 2016 que no está vigente, pese a que es parte del Presupuesto que la Constitución dice que está vigente, puesto que la lógica más elemental dice que lo que fue aprobado es el Presupuesto total del 2016; no especifica si hay una u otra parte, sino "El Presupuesto General 2016".
Más grave aún porque una gran parte de ese presupuesto está dirigido a las áreas sociales, es decir, a los sectores más necesitados y sensibles de la sociedad, los que no pueden prescindir del apoyo del Estado, del que, aunque algunos no se hayan dado cuenta aún, forma parte el Congreso Nacional, como uno de los tres poderes fundamentales.
Son ya muchos los economistas, de los más diversos sectores, que han declarado su preocupación por el riesgo de entrar en otra polémica que paralice, por lo menos, parte de la inversión prevista en el Presupuesto constitucionalmente vigente, del que forman parte los bonos soberanos. La polémica y la posible complicación del ámbito político esta vez se trasladarían directamente al ámbito económico, es decir, a un boicot contra la administración pública para evitar el funcionamiento normal de la misma para cumplir con sus tareas de "administración" de la economía nacional.
Al parecer, algunos legisladores optan por la vía del cabildeo, en vez de por la necesaria política de la gobernabilidad, que es la función para la que han sido elegidos y puestos en sus cargos, y para la que se han comprometido, ante sus votantes y ante la Patria.
Cabildear es hacer gestiones con actividad y "con maña", para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación" o, como en este caso, para imponer una voluntad política coyuntural al Presupuesto Nacional, que no es coyuntural ni debe ser afectado por la política y, mucho menos, por la politiquería, pues de eso depende la marcha general del país, de todos los sectores, de todos los votantes de uno u otro sector.
Cabe en este caso que economistas, empresarios, gremios y sectores que van a verse afectados en el caso que se concrete el disparate, que les recuerden, pensando en el bienestar general del país la famosa frase de Bill Clinton: "¡Es la economía, estúpido!".