La Corte Suprema de Justicia hace la vista gorda a las maniobras jurídicas presentadas por el ex ministro del Interior y permite que el proceso penal esté parado hace casi cuatro años. Están pendientes de resolución varias recusaciones contra ministros de la CSJ y secretarios de la máxima instancia judicial.

El 23 de mayo de este año se cumplirán 4 años de la presentación de la imputación por lesión de confianza contra Filizzola, pero hasta la fecha aún no pudo llevarse a cabo el juicio oral y público por las maniobras jurídicas planteadas por el acusado durante todo el proceso penal.

Pasaron 917 días desde que el juez penal de garantía, Hugo Sosa Pasmor, elevara la causa de Rafael Filizzola a juicio oral y público, específicamente el 31 de julio del 2014, hasta la fecha la misma no pudo llevarse a cabo.

En diciembre del 2016, Filizzola planteó una recusación contra los tres secretarios de las salas de la CSJ, el abogado Julio César Pavón, de la Sala Constitucional; la abogada Karina Penoni, de la Sala Penal; la abogada Pierina Ozuna, de la Sala Civil. Asimismo, en agosto del 2015, la defensa de Filizzola había recusado al ministro de la CSJ, Raúl Torres Kimser; mientras que el fiscal adjunto, Federico Espinoza, hizo lo propio con los ministros Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo.

En la recusación contra los altos funcionarios de la CSJ, Filizzola había alegado "constantes violaciones a su derecho constitucional a la defensa en juicio, pues se encuentran ocultando el expediente judicial", según el escrito del acusado.

Con la recusación a los secretarios de la CSJ, la acción de inconstitucionalidad planteada por Filizzola contra la resolución de segunda instancia -que había ratificado que debía enfrentar un juicio oral y público- seguirá estancada, ya que los ministros de la CSJ también están recusados. Ahora, el expediente judicial de Filizzola deberá pasar a la Secretaría 4, a cargo de la actuaria, Norma Domínguez.

Los agentes fiscales sostienen que el ex ministro Filizzola estaba en conocimiento de todos los trámites para la compra de las aeronaves. Es decir, Filizzola sabía de las condiciones del pliego de bases y condiciones de la licitación pública, así como de los incumplimientos por parte de la empresa adjudicada, Proibérica.

Según la investigación de la Fiscalía, los helicópteros habían sido entregados sin sus manuales logísticos, que son de uso obligatorio y están relacionados con el valor a las aeronaves. En ese sentido, los fiscales concluyeron que los helicópteros, sin un manual logístico, no están en condiciones de aeronavegabilidad. Por tanto, habría un perjuicio de G. 47.890 millones.

La Fiscalía también había procesado en la causa de la compra irregular de cuatro helicópteros para la Policía Nacional a Álvaro Cazados y Guillermo Lasso, ambos de nacionalidad española, propietarios de la firma Proíberica. La citada empresa fue la que vendió las aeronaves al Ministerio del Interior.

El representante de los extranjeros había presentado una acción de inconstitucionalidad contra la resolución que elevó la causa a juicio oral. La acción sigue pendiente de estudio en la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial.

El 2 de diciembre del 2010, durante la administración de Filizzola en el Ministerio del Interior, se pagó a la firma Proibérica SA la suma de G. 20.713.243.257. Tres meses después, el ministerio realizó otro desembolso de G. 6.794.189.185; en octubre del 2011, ya durante la administración de Carlos Filizzola -primo de Rafael- se canceló la operación con el pago de G. 20.382.567.558.

Carlos Filizzola también había sido imputado por supuestas irregularidades en la adquisición de helicópteros durante su gestión como ministro del Interior, luego la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del parlamentario.