La causa de la defensora suspendida está "trabada" en la Corte desde el 13 de julio del 2016. Los altos magistrados tendrán que resolver la competencia de dos camaristas que a su vez deberán expedirse sobre las chicanas pendientes en el presente caso.
Actualmente la sala penal de la CSJ está conformada por los ministros Mirian Peña, Sindulfo Blanco y el camarista Gustavo Santander. Los citados tienen que resolver la simple impugnación que presentó el magistrado Arnulfo Arias contra la inhibición de su colega Agustín Lovera Cañete en este caso.
Una vez que se destrabe el proceso, los integrantes del tribunal de alzada tercera sala, conformado por Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete o Arnulfo Arias, estudiarán si rechazan o hacen lugar al incidente de excepción legal de falta de jurisdicción presentado por uno de los abogados imputados, Cristhian David Figueroa, quien presentó dicha medida con el objetivo de que el proceso se tramite en el juzgado de Filadelfia, Chaco.
Igualmente, los camaristas analizarán si confirman o separan del caso a la jueza penal de garantía María Griselda Caballero, recusada por otro abogado procesado, Lorenzo Vera Gamarra, minutos antes de que se inicie la audiencia preliminar que se fijó para el 25 de octubre del año pasado, lo que impidió su realización. Por su parte, Caballero había elevado un informe solicitando el rechazo de la recusación formulada en su contra.
Además de Yore están acusados como coautores del delito de usurpación de funciones públicas Lorenzo Vera Gamarra, Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa, Carlos Molinas Bernal y Vivian Valenzuela Galeano. Todos los procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión dictada por la jueza Caballero quien dispuso que Yore comparezca mensualmente al juzgado para la firma del acta judicial, así como tiene prohibido cambiar de domicilio y una fianza total de G. 646 millones.
Los antecedentes señalan que el 5 de agosto del 2013 Yore Ismael, en su carácter de defensora general del MDP, nombró como defensores públicos interinos de la ciudad de San Pedro del Paraná a los abogados Vivian Valenzuela y Carlos Molinas; días después, específicamente el 30 de agosto del mismo año, Yore designó como defensor público interino de la ciudad de Vallemí al abogado particular Sindulfo Alegre Aquino, mientras la defensora de dicha ciudad, Nilsa Ávalos, se encontraba comisionada a Asunción.
El 7 de mayo del 2014, Yore resolvió asignar al abogado Cristhian David Figueroa a cumplir funciones inherentes al titular de la Defensoría Pública de la ciudad de Filadelfia; veinte días después, designó como defensor público de la ciudad de Alberdi al abogado particular Lorenzo Ramón Vera Gamarra.
Al designar a abogados particulares como defensores públicos, Yore habría violado el artículo 23 de la Ley Nº 4.423/11, que señala que la CSJ es la encargada de designar a los defensores públicos previa selección en ternas por el Consejo de la Magistratura, según expresa la imputación fiscal.
Suspendida por el JEM y la Corte
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la última sesión del 2016, decidió hacer efectiva la suspensión que pesaba sobre la defensora general Noyme Yore Ismael, quien fue enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones. Con la determinación de la máxima instancia judicial, Yore quedó fuera del cargo hasta que el JEM resuelva si la destituye o aplica otra sanción.
La actual defensora adjunta en lo penal, Selva Morel de Acevedo, fue designada como defensora general interina en reemplazo de Yore. Morel es una antigua funcionaria de la institución.