El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, aclaró ayer ante la Comisión Permanente del Congreso sobre la supuesta denuncia que realizaron algunos campesinos de Guahory, quienes argumentaron que fueron despojados de sus tierras por parte del ente para beneficiar a otros labriegos de la zona del departamento de Caaguazú.

Cárdenas refirió que ninguno de los supuestos afectados cumplía con los requisitos mínimos que se hallan estipulados en el estatuto agrario, citando como ejemplo, el arraigo. Así también aseguró que las revocaciones fueron realizadas en cumplimiento estricto de la Ley.

"Si no vive en el lugar, no cumple con el objeto de la reforma y la Ley establece cómo actuar en ese caso. En cuanto al argumento del pago, hay que entender que esto no tiene el mismo sentido en el derecho público que en el privado; en el sector público el pago es lo que menos importa porque no trabajamos en una inmobiliaria, sino en una entidad con fines sociales", sostuvo.

En tanto, el representante legal de los campesinos, Rubén Darío Florenciáñez, anunció que iniciarán acciones legales para recuperación de las parcelas en cuestión.