En distintos frentes, el Gobierno Nacional ha mostrado su enorme interés en poder alcanzar una solución de fondo a la problemática a nivel social que representa la tenencia de la tierra. Diversos, así como heterogéneos en su motivación, han sido los focos de tensión que se han presentado a lo largo de los últimos años en el país. Desde los carperos de Ñacunday, el polémico caso de Marina Cué, hasta el conflicto en Guahory han tenido a la tierra y su posesión como uno de los principales nucleos de tirantez, intranquilidad, cuando no de nerviosismo, tanto del lado de los manifestantes como también de las autoridades.

Teniendo como antecedente inmediato la funesta matanza de labriegos y policías en la zona de Curuguaty, a mediados del 2012, la negociación en torno al caso Guahory no se presentaba para nada fácil, atendiendo a la complejidad del reclamo y, en especial, al intrincado proceso que había que transitar a la hora de alcanzar un consenso. No era fácil. Para nada. Pero hubo decisión y predisposición de ambas partes. Y el acuerdo no tardó en llegar.

Las autoridades del Gobierno, con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) como cabecilla natural de la negociación, lograron consenso y la aprobación de la Federación Nacional Campesina (la principal negociadora por el lado de los labriegos) lo que permitió en las últimas semanas una luz de esperanza a este apremio que ya mantenía varios meses de intranquilidad y que amenazaba con estallar en cualquier momento.

Sin embargo, la cordura, las buenas prácticas y la "descontaminación política" pudieron allanar el sendero para alcanzar un pacto que hoy es efectivo. Decenas de compatriotas ya poseen los certificados de adjudicación de las tierras que fueron recuperadas en la zona de Tembiaporã, donde se halla Guahory, en el departamento de Caaguazú.

En virtud de este acuerdo, las decenas de familias beneficiadas no solo recibieron sus tierras, sino también el compromiso estatal de ser favorecidos con asistencia técnica productiva y la provisión de servicios básicos en el hogar, lo que implica un mayor compromiso de las instituciones encargadas de amparar a estos compatriotas.

El acuerdo tiene una enorme significación en razón de que el Estado se ocupa de una asistencia plena y efectiva, pero también tiene relevancia porque supuso un duro revés para aquellos políticos inescrupulosos y sectarios que solo buscaban incentivar sus propios intereses antes que el del común.

Las decenas de familias beneficiadas no solo recibieron sus tierras, sino también el compromiso estatal de ser favorecidos con asistencia técnica productiva y la provisión de servicios básicos en el hogar.

Desde el inicio, Guahory estuvo signado por una disputa política, donde personas que se hacen llamar "caudillos" y que dicen representar los reclamos de los labriegos intentaron boicotear e incitar a la violencia. El foco de tensión que se vivió en los últimos y que provocaba un enorme temor por la violencia, el terror y la intimidación latentes fue acción directa de algunos dirigentes de la zona, así como connotados políticos de partidos que hoy están en la oposición.

Estos "caudillos" se quedaron sin dinero y por fin, autoridades y sectores campesinos pudieron negociar sin interrupciones y sin "contaminación".

Otro aspecto resaltante, tal como lo expresó el propio titular del Indert, en una entrevista concedida el lunes pasado a nuestro diario, que el caso Guahory también es emblemático, pues representa la lucha frontal contra la pobreza que el Gobierno lleva adelante.

El fundamento del titular del Indert descansa en que las familias beneficiadas, tanto en Guahory como en Yhú, van a poder tener la asistencia integral que les permitirá abandonar la franja de pobreza y extrema pobreza y generar así una vida mucho más digna. Esta asistencia implica no como ocurría en el pasado en otorgarles elementos y herramientas rudimentarios, sino que el Gobierno ha generado la mecanización de la agricultura familiar que es un hecho sin precedentes en nuestro país.

La tenencia de la tierra ha sido un foco de permanente tensión en el Paraguay durante décadas, pero nuestras actuales autoridades han demostrado fehacientemente que es posible, más allá del diálogo y la predisposición, alcanzar acuerdos cuando hay voluntad política y cuando hay ausencia de instigación.