• La expulsión de 10 bomberos voluntarios dictaminado por el Tribunal de Justicia del CBVP-amarillo fue el detonante que terminó por prender la rebelión de los voluntarios contra el Directorio Nacional. Hoy suman cerca de 300 firmas que rechazan y repudian el actuar de las autoridades de esta institución.

Desde aquella primera movilización del 20 de setiembre del 2016, varios bomberos venían exigiendo al directorio nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-amarillo) que se aclaren las denuncias que desde un día antes, el 19 de setiembre, empezó a publicar La Nación. Sin embargo, lejos de aclarar las denuncias, el Directorio, presidido por Rafael Valdez Peralta, inició una fuerte represalia contra quienes se manifestaron.

Estas medidas adoptadas por el Directorio tuvieron su punto álgido el pasado 21 de enero del 2017. Esa fecha, el Tribunal de Justicia del CBVP-Amarillo, emitió la Resolución Nº 103, que a estas alturas ya se convirtió en una de las más polémicas de su historia.

Con este documento, el Tribunal resolvió expulsar con "degradación" del CBVP a los siguientes bomberos: capitán mayor Emigdio Benítez, capitán mayor César Manuel Manchini, Gustavo Humberto Céspedes, Carlos Daniel Lezcano y capitán mayor Cristhian Fernando Tabares Ocampos. Igualmente, dio de baja con prescripción por 24 meses a otros cinco voluntarios: Diego Arnaldo Viveros Irazusta, Guido Marcelo López, Jimmy Enhart, Rodrigo David Rojas y José Virgilio Rivas.

Todos ellos participaron de la manifestación del pasado 20 de setiembre y además, se mostraron públicamente en contra del manejo actual del Directorio, que tiene hace prácticamente 14 años a los mismos integrantes, pero que van rotando de cargo (ver miembros en infografía adjunta).

La medida de expulsar a estos bomberos, varios de ellos comandantes de sus compañías, generó el malestar de decenas de voluntarios. Rápidamente, la Tercera Compañía de Sajonia -una de las más antiguas del CBVP- sacó una nota firmada por 78 de sus voluntarios en la que rechazaba la medida del Tribunal. Además, el texto de la nota fue muy concreto: Los de la Tercera Compañía decidieron desconocer la medida del Tribunal, por considerarla arbitraria, además, repudiaron el hecho de que camaradas que estaban exigiendo transparencia sean expulsados.

A esta iniciativa de la Tercera Compañía se sumó al día siguiente la Segunda Compañía de Trinidad, también, otra de las más emblemáticas del Cuerpo. Esta actitud de ambas compañías tuvo un efecto multiplicador y varias otros voluntarios de las demás compañías empezaron a exigir un pronunciamiento, a pesar del miedo por las amenazas que desde el Directorio empezaron a hacer llegar contra quienes se sumaban a esta iniciativa de repudio.

A estas alturas, al menos 300 bomberos voluntarios de las compañías K2 Trinidad, k3 Sajonia, k20 Mercado 4, k68 Caacupé, k31Villarrica, de Caazapá, k10 Ypacaraí y K11 de Fernando de la Mora, además de otros integrantes de la Compañía k15, Ñemby. Actualmente, el CBVP-amarillo tiene activos a unos 1.200 bomberos voluntarios en todo el país, de acuerdo a datos oficiales del padrón de dicha entidad. La revolución llegó, dicen desde las compañías.

Actualmente, el Tribunal de Justicia del CBVP está integrado por Fernando Vera (presidente), Julio Maíz, Luis Manuel Ruiz, Orlando Maciel y Sabrina Ozuna, como titulares. Además están Elva Quiroz, Alejandro Salza (renunciante) y Luz Ocampos.

Este Tribunal decidió iniciar sumario contra 39 bomberos, a raíz de una denuncia que habían formulado los miembros del directorio por actos de "vandalismo" la noche de la manifestación del 20 de setiembre. Todos ellos habían participado de la manifestación contra el Directorio el pasado 20 de setiembre del 2016, en un evento histórico para los bomberos amarillos, ya que nunca antes se había tenido una situación similar. Pocas semanas después, se daba a conocer la suspensión de al menos 15 de estos bomberos.

El proceso sumarial, de acuerdo a la denuncia de los propios afectados, está plagado de irregularidades. Por ejemplo, prácticamente ninguno de los 10 bomberos expulsados y suspendidos tuvieron acceso al expediente del sumario antes de que salga la sentencia, como para formular sus defensas.

Desde el pasado 19 de setiembre, La Nación inició una serie de notas sobre millonarias irregularidades con respecto al manejo financiero y administrativo del CBVP-amarillo, con la historia del primer caso; la compra de equipos "fantasma" por valor de G. 967 millones que hizo el CBVP-amarillo, siendo el proveedor la empresa "Circumpunto SRL", de Daniel Aquino Rivas, miembro del Directorio.

El CBVP-amarillo está clasificado como entidad sin fines de lucro y recibe del Estado paraguayo millonarios aportes. Solamente desde el 2014 hasta finales del año pasado, esta institución recibió unos G. 10.000 millones del dinero público.