Hasta ayer, unos 208 bomberos de diferentes Compañías sumaron su voz de protesta rechazando y repudiando la expulsión de 10 voluntarios –quienes exigían transparencia al Directorio Nacional– determinada por el Tribunal de Justicia del CBVP-Amarillo. Anuncian que más compañías se estarían sumando hoy.

La indignación venció al miedo y los bomberos amarillos decidieron unirse para emitir una sola voz, para no callar. El último miércoles, fueron unos 78 voluntarios de la Tercera Compañía de Sajonia quienes desconocieron la arbitraria medida adoptada por el Tribunal de Justicia del CBVP-Amarillo.

Ayer a la mañana se sumaron otros 120 bomberos de la Segunda Compañía de Trinidad. Para la tarde, otros diez voluntarios de la Compañía de Caacupé (K68) sacaron una nota también de rechazo y para hoy se espera que 24 de los 25 miembros de la Vigésimoprimera Compañía (Mercado 4) también se manifiesten en contra de la determinación del tribunal de justicia.

El pasado 21 de enero del 2017, el tribunal de justicia de los bomberos amarillos resolvió, mediante la resolución 103, expulsar con "degradación" del CBVP a los siguientes bomberos: capitán mayor Emigdio Benítez, capitán mayor César Manuel Manchini, Gustavo Humberto Céspedes, Carlos Daniel Lezcano y capitán mayor Cristhian Fernando Tabares Ocampos. Igualmente, dio de baja con prescripción por 24 meses a otros cinco voluntarios: Diego Arnaldo Viveros Irazusta, Guido Marcelo López, Jimmy Enhart, Rodrigo David Rojas y José Virgilio Rivas.

Se trata de 10 de los 150 bomberos que la noche del 20 de setiembre –que ya pasa a ser histórica para la vida de los bomberos– se manifestaron contra el Directorio Nacional, ante la serie de publicaciones sobre irregularidades administrativas en el manejo de los fondos del CBVP-Amarillo.

Ante esta situación, quienes primero tomaron postura fueron los bomberos de la Tercera Compañía. En un comunicado –que también fue entregado al directorio– repudiaron y rechazaron las expulsiones y suspensiones que aplicó el tribunal de los bomberos en contra de sus 10 compañeros. Además, en el documento decían desconocer la medida del tribunal. En esos mismos términos se expresaron posteriormente los de la Segunda Compañía y también los de Caacupé.

Actualmente, el tribunal de justicia está integrado por Fernando Vera (presidente), Julio Maíz, Luis Manuel Ruiz, Orlando Maciel y Sabrina Ozuna, como titulares. Además están Elva Quiroz, Alejandro Salza (renunciante) y Luz Ocampos. Según versiones de varios voluntarios que se comunicaron con La Nación, estos integrantes del tribunal responden a la línea política del actual directorio, cuyos miembros están imputados por presunta estafa y utilización de documentos no auténticos.

Tanto la Tercera como Segunda Compañías son históricas dentro de la estructura nacional del Cuerpo de Bomberos. En sus filas se formaron antiguos voluntarios que hoy ven con preocupación la forma en que se maneja el Directorio Nacional, que hace 12 años está presidido por Rafael Valdez, que mantiene una misma estructura de poder hace 14 años en la institución.

A pesar de que el propio reglamento interno de los bomberos y el estatuto de la institución hablan de que, en caso de que algún miembro del Directorio se vea involucrado en una cuestión judicial, el tribunal deberá instruir sumario correspondiente hasta tanto se defina jurídicamente su situación. Sin embargo, el tribuna jamás abrió investigación contra los miembros del Directorio, incluso, a pesar de que existe un pedido realizado por antiguos bomberos de la Tercera Compañía, ya en octubre del año pasado.

El fiscal Ángel Ramírez abrió investigación contra los directivos de los bomberos amarillos por presunta estafa y utilización de posibles documentos no auténticos. Quienes están imputados hoy son Rafael Valdez, presidente; Miguel Ángel Riera, vicepresidente; y los demás miembros: Carlos Alberto Torres, Daniel Aquino Rivas, Elías Ramírez Flores, Luciano Florenciáñez Brizuela, Mario Luis Gini, Rolando Valdez, Roberto Bogado Jara (ex miembro), Óscar Tadeo Acuña Castillo y Alberto Meza Zárate.

Desde el pasado 19 de setiembre, La Nación inició una serie de notas sobre diferentes y millonarias irregularidades con respecto al manejo financiero y administrativo del CBVP-Amarillo. El CBVP-Amarillo está clasificado como entidad sin fines de lucro y recibe del Estado paraguayo millonarios aportes. Solamente desde el 2014 hasta finales del año pasado, esta institución recibió unos G. 10.000 millones del dinero público.