Luis Fretes Prieto, ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones del MEC y actual asesor del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), fue imputado en el 2014 junto al ex ministro de Educación y Cultura, Luis Alberto Riart, por la compra irregular del edificio Excelsior por 3 millones de dólares.

Las irregularidades dentro del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) no terminan y a diario van saltando nuevos casos que desprestigian cada vez más a la institución.

Esta vez se trata de la situación del funcionario Luis Fretes Prieto, quien fue contratado como "asesor" de la institución. Fretes Prieto aparece como imputado –junto con el ex ministro de Educación, Luis Alberto Riart, y otros funcionarios– por la adquisición irregular del edificio Excelsior para el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por más de G. 14.000 millones, equivalente a US$ 3.000.000, transacción realizada en el 2009.

De acuerdo a los datos públicos expuestos en la web del Ministerio de la Defensa Pública, Fretes Prieto ingresó en el MDP en octubre del 2016 y actualmente se desempeña como "asesor". Cobró en noviembre unos G. 12.500.000 en concepto de salario. Sin embargo, para diciembre, su remuneración disminuyó a G. 5.000.000, pero le fue sumado un aguinaldo de G. 1.458. 333, quedándose así con una suma total de G. 6.458.333.

Según nuestras fuentes, Fretes Prieto vendría a ser uno de los tantos beneficiados por el ex director de planificación del MDP, Germán Fatecha, y la hoy suspendida defensora general, Noyme Yore, quienes desde hace meses son denunciados por ubicar en la institución a varios operadores políticos y familiares de amigos. A raíz de las denuncias, ambos –Fatecha y Yore– se encuentran gestionando actualmente sus jubilaciones, con la intención de huir de las acusaciones.

La imputación por lesión de confianza contra el ex ministro de Educación, Luis Alberto Riart, y los funcionarios de la mencionada institución Luis Fretes Prieto, ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Albino López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas, y Marco Antonio Ferreira Basualdo, de la asesoría de la UOC, había sido formulada en el 2014 por el fiscal José dos Santos, luego de que un grupo de diputados denunció en el 2009 ante el Ministerio Público la compra irregular del edificio Excelsior para el MEC.

Las investigaciones de la Fiscalía, el MEC, a cargo de Riart, autorizó la compra de un edificio ubicado en el centro de Asunción por "vía de la excepción", alegando que hubo urgencia impostergable y hacinamiento de funcionarios. Sin embargo, el fiscal Dos Santos, encargado del caso, comprobó que no hubo ninguna urgencia para la compra y que los acusados cayeron en contradicciones.

Otra irregularidad detectada por el agente del Ministerio Público fue que dentro del contrato privado firmado el 23 de diciembre del 2009 por el MEC y la propietaria del edificio se estipuló entregar al comprador –al MEC– la posesión del inmueble en sesenta (60) días hábiles a partir de la firma del presente contrato, sin embargo, tal hecho no fue realizado.

Actualmente los acusados esperan la realización del juicio oral correspondiente, a raíz de la presentación de "chicanas" judiciales, que llevaron a suspender en varias ocasiones la audiencia.

En los últimos meses del 2016 y comienzo de este año, el MDP fue salpicado con varias irregularidades que tuvieron como principales responsables a la hoy suspendida defensora general, Noyme Yore, y al ex director de Planificaciones del MDP, Germán Fatecha.

Uno de los casos más sonados fue la de nepotismo, que según las denuncias recibidas por La Nación habrían favorecido a varios operadores políticos y amistades de Yore y Fatecha. El más reciente caso publicado por nuestro medio fue el del ex chofer de Yore, Julio César Figueredo. El mismo fue beneficiado por la ex defensora general con un ascenso, de chofer a fiscalizador de obras, sin contar con ningún conocimiento técnico en el área de ingeniería civil y/o en arquitectura, tal como exige el cargo.

De acuerdo a los datos públicos, Figueredo llegó en la institución en el 2013 como chofer de Noyme Yore, con un sueldo de G. 3 millones. Un año después, en el 2014, logró su nombramiento dentro de la Defensoría y ganó afinidad con la hoy suspendida defensora general, quien la ayudó a ubicar en ese mismo año a su hermano, Zenón Vicente Figueredo, y así también a sus dos hijas, Leticia Beatriz Figueredo y Sonia Karina Figueredo.

La contratación de varios integrantes de la familia Yambay dentro del MDP fue otro de los casos de nepotismo publicado por La Nación. Según nuestras fuentes, los mismos ingresaron en la institución gracias al lazo de amistad entre Yore y la política liberal Noemí Yambay, quien fue mano derecha de la ex defensora general por más de 10 años (2000-2011).

Igualmente, la hoy suspendida defensora general también había sido señalada como responsable de favorecer a dos funcionarias amigas con un viaje de capacitación a Colombia.

Las supuestas beneficiadas con el viaje a tierras colombianas fueron Gloria Duarte, directora de la Contraloría Jurisdiccional, y María José Guerreros, jefa de Auditoría Programada y Reacción Inmediata. Ambas fueron seleccionadas por Yore para participar del "VIII Congreso Latinoamericano sobre Niñez, Adolescencia y Familia" realizado en Colombia, el año pasado, a pesar de que las funciones de estas dentro de la Defensoría no están relacionadas al tema tratado en el simposio.

Según los datos, Gloria Duarte es amiga de Noyme Yore y en ese entonces era pareja sentimental de su hermano, Assad Yore, ex juez penal de Garantías de Luque; mientras que María José Guerreros forma parte del círculo de amigas de Natalia Álvarez Yore, sobrina de Noyme Yore y actual secretaria general del MDP.

A su vez, Gloria Duarte tuvo la "suerte" de ubicar a sus sobrinas Karina Duarte Ledesma y Carolina Duarte Ledesma en el MDP, que en noviembre del 2016 se embolsaron las sumas de G. 11.464.565 y G. 2.024.055, respectivamente, según la planilla de salarios publicada en la web del MDP.