Las opiniones de medios de prensa económicos especializados, de organismos internacionales, de referentes empresariales y, lo más importante, los hechos reales de inversión en el Paraguay, tanto del Gobierno, como del sector privado, como de empresas que desplazan sus negocios a nuestro mercado y de multinacionales que consideran al país como una economía estable y rentable y, sobre todo, que vienen a invertir aquí, no dejan lugar a la mínima duda de que pasamos por un período económico de crecimiento e interés internacional, que hemos ganado un espacio y que estamos creciendo, pese a una coyuntura no tan positiva, como la del alto crecimiento regional y nacional de hace una década.

Hoy en día, con una región cuyos principales referentes, Brasil y Argentina, vienen atravesando una aguda crisis, Paraguay mantiene su ritmo y da una imagen de estabilidad, que ni siquiera se ha conmovido con la crisis de aprobación del presupuesto, que a los ojos económicos del mundo fue el disparate de cercenar al Banco Central su capacidad operativa para estabilizar y regular la economía.

Eso no debe dejarnos una conformidad triunfalista; el conflicto presupuestario, que no es tal, sino un conflicto electoralista para debilitar al Gobierno, pensando en trancar la posibilidad de reelección, sigue vigente, solo que descansa en la larga vacación legislativa.

De acuerdo a la raleada presencia de la Comisión Bicameral, el tema sigue vigente y ya se anuncian conflictos referentes al manejo de los bonos, como si constitucionalmente no estuviera claro que, una vez vetado el Presupuesto, entra a regir el Presupuesto del 2016, a cargo del Ejecutivo, que ya ha anunciado que los privilegios recortados en el proyecto del 2017, pero vigentes en el del 2016, no van a ser aplicados.

La lógica, como venimos constatando, no tiene nada que ver con la política en nuestro país cuando estamos en campaña política, y, lamentablemente, la campaña política no está regulada a un período preelectoral, sino que es permanente.

Sin duda, una asignatura pendiente de los poderes del Estado es encarar esa regulación que establece el período electoral y prohíbe el electoralismo eterno, sin freno y sin límites.

• La Comisión de Hacienda como arma de negociación, como se viene denunciando desde hace muchos años en los medios, y que en algunos casos ha alcanzado niveles de escándalo público; todavía es reciente el caso de una ministra que tuvo que echar a un legislador de su despacho, con testigos nacionales e internacionales, por un escandaloso hecho de chantaje.

Pero volviendo al quid de la cuestión, hay que establecer un diálogo que plantee la limitación del "electoralismo salvaje" y que establezca con mayor precisión las atribuciones de los poderes del Estado, respetando la autonomía administrativa del Ejecutivo que es el que tiene que administrar las cuentas del país y, por consecuencia, al que hay que pedirle la rendición de cuentas.

Lo grave, de acuerdo, más que a nuestra legislación, a nuestra tradición, es que los legisladores negocien con los ministerios y reparticiones presupuestos que, obviamente, terminan en intercambio de favores.

Es decir, que la unidad que debe estar en hacienda de la administración pública esté llena de ranuras por las que se cuelan cargos, presupuestos y privilegios políticos contrarios a los intereses nacionales y partidarios de los intereses sectoriales del electoralismo político.

Se ha escrito y repetido hasta el cansancio que el Presupuesto General de Gastos de la Nación es la ley capital de administración del Estado; es decir, que debe estar sujeta a la política económica que debe establecer el Poder Ejecutivo, el administrador, con los controles correspondientes. Es decir, que no pueden negociarse reajustes a cambio de cargos políticos o intereses prebendarios.

Lamentablemente, la práctica de muchos legisladores de utilizar la Comisión de Hacienda como arma de negociación, como se viene denunciando desde hace muchos años en los medios, y que en algunos casos ha alcanzado niveles de escándalo público; todavía es reciente el caso de una ministra que tuvo que echar a un legislador de su despacho, con testigos nacionales e internacionales, por un escandaloso hecho de chantaje; y, sigue vigente, la política del tira y afloja que hace que funcionarios del Ejecutivo y legisladores intercambien visitas, a todas luces prebendarias, sigue vigente.

Las generosas donaciones a instituciones afines a legisladores del Presupuesto Nacional conforman un hecho aberrante que viene desde los tiempos de la dictadura.

Es urgente y necesario que el mismo Congreso Nacional tome la iniciativa de evitar esta lacra y que se establezca un respeto por esa ley fundamental de la República que es la que debe administrar los recursos económicos del país con eficiencia y resultados.