Las obras del túnel, parte del superviaducto, culminarán los primeros días de febrero, actualmente se están realizando los trabajos de hormigonado del piso de la vía subterránea, según el Ing. Federico Santacruz, supervisor adjunto de las obras de parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El representante de la entidad estatal explicó que las tareas se realizan sin pausa y que los trabajos de la base del piso están culminando a la par de la colocación de hormigón armado.

Según el MOPC, el pavimento del túnel que tiene una extensión de 400 metros y se le cargará 2.500 metros cúbicos de hormigón.

Santacruz señaló que los pilotes para las paredes y el techo fueron colocados con anterioridad y que para la realización del túnel se extrajo un total de 40.000 m3 de arena.

"Actualmente las obras registran un avance físico del 65% y estimamos habilitarla para el mes de marzo", manifestó el supervisor adjunto.

Por su parte, el director de Vialidad, Ing. Ignacio Gómez, explicó días atrás que las vigas para el paso a desnivel serán izadas luego de los trabajos del postensado que inició en la semana.

Gómez explicó que se deben colocar un total de 27 vigas, las cuales tienen 35 metros de largo con un promedio de 70 toneladas cada una.

Las obras son encaradas por la empresa española Corsán Corviam y demandarán la suma de G. 124.000 millones.

El paso a desnivel tendrá tres niveles, un viaducto, en la parte superior de la construcción, una rotonda de dos carriles en el nivel medio y un túnel que cruzará, por debajo, la avenida Autopista.

Con relación a las expropiaciones de los terrenos que afectan a las obras, el Ing. René Peralbo, director de ejecuciones del MOPC, explicó que la entidad estatal ya realizó el pago en concepto de mejoras de los terrenos que ya fueron expropiados; es decir, por derribar los muros, árboles que están en la propiedad y que afectan de alguna manera a las obras, un valor aproximado a los G. 4.000 millones.

Contó que una vez que las propiedades sean transferidas al Estado, cuyo proceso legal requiere de un tiempo prudencial donde la cartera de obras deberá completar la suma de aproximadamente G. 21.000 millones, incluyendo los pagos por las mejoras ya realizadas.