Andrew Ross Sorkin

"Donald Trump no solo le está dando a una pandilla de millonarios el control de nuestro gobierno, sino que además les está ofreciendo un incentivo fiscal solo por aceptar el cargo".

Eso fue lo que dijo la semana pasada la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, al criticar lo que llamó una "laguna" en el código fiscal que permite a quienes reciben un nombramiento en el gobierno diferir el pago de impuestos sobre la venta de sus acciones. Por lo general se requiere que los funcionarios designados –entre los que hay algunas de las personas más ricas del país– vendan todas sus acciones de empresas para cumplir con las reglas sobre conflictos de intereses. Y ese aplazamiento del pago de impuestos, contemplado en una ley de 1989, tiene la intención de compensar ese requerimiento.

(Donald J. Trump, en su calidad de presidente electo, no está cubierto por las mismas reglas, pero esa es otra historia.)

En las próximas vamos a escuchar mucho acerca de esta "laguna", si es que todavía no hemos oído nada, a medida que los designados de Trump –muchos de ellos millonarios con enormes bienes que muy probablemente tendrán que vender– son sometidos a interrogatorios en audiencias y sus declaraciones patrimoniales se hacen públicas.

Quien solo lea los titulares estará convencido de que los funcionarios designados por Trump están por recibir un auténtico maná, un regalo que les permitiría eliminar los impuestos sobre ganancias de capital en gran parte de su patrimonio.

"¿Ya escucharon del refugio fiscal para los súper ricos?", preguntó Brett Arends, columnista de MarketWatch, diciendo que los futuros funcionarios del gobierno "pueden vender todas sus acciones y pagar cero impuestos. Sí, léanlo otra vez: cero impuestos". Otros han dicho que este es un método extraordinario para evadir impuestos.

Pero no es así como funciona la regla sobre los impuestos. La regla ha sido malinterpretada y mal explicada por mucha gente, incluyéndome a mí mismo.

La ley, que fue promulgada por el presidente George Bush, rige lo que se conoce como la sección 1043 del código fiscal. Permite que los candidatos a un puesto en el gobierno soliciten a la Oficina de Ética Gubernamental la aprobación para diferir el pago de ganancias de capital por venta de acciones, como parte de cualquier plan de desinversión requerido por el cargo que fueran a asumir.

En tanto los futuros funcionarios vendan la totalidad de sus acciones y después inviertan ese dinero en fondos de la Tesorería o mutuales que no planteen ningún conflicto con su papel dentro del gobierno, las ganancias de capital se aplazan hasta que no vendan los bonos de la Tesorería o mutuales.

Pero tome nota de lo siguiente: no se eliminan los impuestos. De ninguna manera. Llegará un momento en que tengan que pagarlo.

La idea que sustenta esta regla es hacer más atractivo buscar un puesto en el servicio público para las personas que posean un gran patrimonio, dado que se ven obligadas, por lo general en un plazo perentorio, a vender todos los bienes que pudieran representar un conflicto con su nueva función.

Por ejemplo, Gary D. Cohn, presidente de Goldman Sachs que fue nombrado para dirigir el Consejo Económico de Trump, tendrá que vender todas las acciones que posea de su banco. O veamos el caso de Rex Tillerson, seleccionado por Trump para la secretaría de Estado que tendrá que deshacerse de sus acciones en Exxon Mobil. Generalmente, al venderlas tendrían que pagar impuestos por decenas de millones de dólares. En cambio, lo más probable es que pongan sus bienes en fondos indizados o en un fondo ciego diversificado, y después pagar los impuestos sobre esos bienes cuando los vendan.

Henry M. Paulson, ex presidente y director general de Goldman Sachs, es quizá el funcionario mejor conocido que haya aprovechado el aplazamiento de impuestos cuando asumió la secretaría de la Tesorería en el gobierno de George W. Bush en 2006. En ese tiempo, se señaló que Paulson se había beneficiado por una ley que fue promulgada por el padre de su nuevo jefe.

El tratamiento fiscal ha sido llamado una acción inútil para los ricos. Warren, junto con otros senadores –Sheldon Whitehouse de Rhode Island, Tammy Baldwin de Wisconsin y Dianne Feinstein de California, todos demócratas– presentó un proyecto de ley para limitar a un millón de dólares el monto de ganancias de capital que puede diferirse, evitando así que "los millonarios aprovechen exenciones fiscales desmesuradas".

Un análisis de The Wall Street Journal dio a entender que los ejecutivos podrían ahorrarse decenas de millones de dólares en impuestos.

"Es inapropiado que el gobierno federal les de incentivos fiscales a los miembros del gabinete a cambio de cumplir con las reglas de ética", señaló la semana pasada Feinstein en una declaración. "El servicio público es un honor y los millonarios no deberían exigir incentivos fiscales para ofrecer su servicio".

Pero los senadores parecen no apreciar que la ley de impuestos difícilmente es un aliciente para dejar un cargo elevado a fin de irse al servicio público. Creer que el tratamiento fiscal es una enorme bonanza sería suponer que de alguna manera el alto ejecutivo se está yendo al gobierno porque se estaba preparando para deshacerse de todas las acciones de su compañía en los siguientes tres meses.

Eso es muy improbable. A los ejecutivos les gusta tener el control sobre sus finanzas, cosa que efectivamente ceden cuando venden.

Si acaso hay un beneficio, es la posibilidad de que el ejecutivo diversifique sus acciones hacia otros bienes. Algunos abogados lo llaman un "préstamo libre de impuestos". Pero, insisto, si el futuro funcionario quiere retirar efectivo para comprar una casa, un bote o cualquier cosa que se suponga que compran los millonarios, tendrá que pagar todos los impuestos correspondientes.

En efecto, el código fiscal se asegura de que la base fiscal de los bienes que están obligados a vender se transfiera a los bonos de la Tesorería o de los fondos mutuales que adquieran, de modo que la cuenta de impuestos sea la misma al momento de vender esos bonos.

Ejecutivos como Steven T. Mnuchin, nombrado como secretario de la Tesorería, y Wilbur Ross, designado para la secretaría de comercio, de hecho podrían perder dinero en algunos de los bienes que tendrán que vender. Buena parte de su patrimonio está en bienes no líquidos, como fondos de títulos privados, que podrían tener que vender con descuento.

Ha habido muchas conjeturas entre los conocedores del negocio respecto de que, de alguna forma, el tratamiento fiscal permitiría que alguien como Ross, que tiene 79 años de edad, evadiera el pago de impuestos si invirtiera su patrimonio en bonos de la Tesorería a 30 años, que vencerían después de su muerte. Pero conforme las reglas de impuestos, llegaría el momento en que sus herederos tendrían que pagar los impuestos.

También se ha especulado que un futuro funcionario astuto podría transferir sus acciones a bonos de la Tesorería y después pedir un préstamo con la garantía de esos bienes. Eso es verdad, pero estarían corriendo un riesgo con el valor de esos bonos de la Tesorería. Y aun sin haber sido nombrado a un cargo político, hubiera podido sacar un préstamo con la garantía de sus acciones, por lo que el tratamiento fiscal en realidad no modifica la ecuación básica.

Hay muchos temas importantes a examinar y razones para preocuparse por los notables conflictos de intereses que van a plantear Trump y su gabinete. Pero en este caso, el tratamiento fiscal que reciban no es motivo de inquietud.