El expediente judicial pasó por manos de la actuaria de sentencia, Laura Ovelar, quien hoy dice no temer de ser sumariada por ser pareja de un concejal del Chaco
Un pan de marihuana y un CD, pertenecientes a las evidencias de la causa penal relacionada al tráfico de droga, que involucran a cuatro personas que aparentemente intentaron traficar casi 1.000 kilos de marihuana a Santa Cruz, Bolivia, desaparecieron por arte de magia del Tribunal de Sentencia de Filadelfia, Chaco, según altas fuentes judiciales.
Las pruebas pertenecen al juicio caratulado "Carlos Duarte Mendoza y otros, sobre supuesto hecho punible contra la Ley N° 1.340/88 y Ley N° 1881/02", que estuvo presuntamente a cargo de la actuaria del Tribunal de Sentencia, Laura Ovelar.
De acuerdo a fuentes judiciales, Ovelar anda diciendo no tener miedo de ser sumariada, ya que actualmente es pareja de un concejal del Chaco, quien posee amigos en la máxima instancia judicial que la protegerían de ser investigada.
Las cuatros personas acusadas en el supuesto tráfico de droga son Carlos Antonio Duarte Mendoza, Leonor Gonzaga Benítez, Jorge Amado Morínigo Vera y Hugo Javier Duarte Cabral, quienes ya habían enfrentado un juicio oral y público, que condenó a los dos primeros a 8 y 7 años de cárcel, respectivamente, y dejó absueltos de culpa y pena a los dos últimos. Sin embargo, posteriormente el mencionado juicio fue anulado por la Cámara de Apelaciones, luego de que el fiscal de la causa, Andrés Arriola, apelara la resolución del Tribunal de Sentencia, forzando así la realización de un nuevo juicio para estas cuatro personas.
SOSPECHOSA INHIBICIÓN
De manera llamativa y misteriosa, los jueces Juan Carlos Olmedo y Marisol Fernández se inhibieron (apartarse) del caso mencionado, abriendo la posibilidad de que la causa quede impune y los acusados libres.
Olmedo –quien fue presidente del Tribunal de Sentencia primeramente– había fijado juicio oral para los acusados para el 29 y 30 de diciembre del 2016, pero supuestamente después se "acordó" que él integró el colegiado como suplente en el primer juicio, tomando la sorpresiva determinación de inhibirse del caso.
En su defensa, el magistrado trató de explicar el motivo de su inhibición, expresando: "me aparté del proceso porque anteriormente ya integré el Tribunal de Sentencia como miembro suplente".
Por su parte, Fernández alegó no ser del fuero y que eso le impidió integrar el colegiado para el citado caso, separándose del juicio.
Otro de los también inhibidos fue el juez Fidelino Aquino, quien argumentó haber sido defensor público de los acusados, asistiéndolos jurídicamente en el 2012.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia sospecha que la inhibición de los jueces Olmedo y Fernández se dio de manera irregular. Es por ello que dispuso de inmediato la realización de una auditoría de gestión jurisdiccional en la causa mencionada. La decisión de iniciar la investigación fue firmada por la propia presidenta de la máxima instancia judicial, Alicia Pucheta de Correa.
NUEVO TRIBUNAL
El Tribunal de Sentencia de Villa Hayes, integrado por los jueces Christian Bernal, Blas Cabriza y Sonia Villalba, se encargará de juzgar a los cuatro acusados a través de un nuevo juicio oral, que fue fijado por Bernal –el presidente del colegiado- para los días 13, 14 y 15 de febrero de este año.
La audiencia se desarrollará en la sala de juicio orales del Poder Judicial de Villa Hayes, ubicada en el edificio Bohemio, y deberá iniciarse a las 8:30, según la resolución del presidente del colegiado.
Para el efecto ya fueron notificadas todas las partes. El fiscal del caso es Andrés Arriola.
Llamativa absolución
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces de Filadelfia Arsenio Yuruhan, Francisco Núñez y Eduardo Medina, había absuelto de culpa y pena a los acusados Jorge Amado Morínigo y Leonor Gonzaga Benítez, y condenó a Carlos Antonio Duarte Mendoza y Hugo Javier Duarte a 8 y 7 años de cárcel, respectivamente.
El fiscal Andrés Arriola apeló la resolución del colegiado y la Cámara de Apelaciones, conformada por Ricardo Medina, Leonardo Páez y Teresa Gauto, anuló la decisión de los jueces de sentencia, ordenando que se haga un nuevo juicio para los cuatro procesados.
El procedimiento para la incautación de los casi 1.000 kilos se llevó a cabo en diciembre del 2012 en Mariscal Estigarribia, Chaco. Allí, los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas habían logrado detener dos camiones que transportaban postes de eucaliptos, encontrando dentro de ellos la droga.