La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sospecha que la inhibición de los jueces de Filadelfia, Chaco, Juan Carlos Olmedo y Marisol Fernández, de un juicio por narcotráfico -que podría dejar impune a los acusados, es irregular. Es por ello que ordenó de inmediato la realización de una auditoría de gestión jurisdiccional.
La causa en la que se inhibieron los jueces está caratulada como "Carlos Duarte Mendoza y otros sobre supuesto hecho punible contra la ley N° 1.340/88 drogas y Ley N° 1881/02". La resolución para iniciar la investigación fue firmada ayer por la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa. "Dispóngase la realización de una auditoría de Gestión Jurisdiccional, integral e inmediata" dice la nota, que también toma en cuenta la publicación de ayer de La Nación para tomar la medida correspondiente.
La inhibición del juicio oral por la incautación de casi 1.000 kilos de marihuana de los magistrados Olmedo y Fernández resultó llamativa desde un primer momento. Más aún, teniendo en cuenta que el proceso se extingue el próximo 17 de febrero, y en caso de que no se llegue a juicio para esa fecha, la causa quedaría impune con los acusados en libertad. Ya en un primer momento, el juez Fidelino Aquino -quien se ocupó en primera instancia del caso- ya se había apartado, alegando que le tocó ser defensor público de los procesados en el año 2012 cuando se llevó a cabo la detención de los mismos.
Los que deberán enfrentar un nuevo juicio oral y público son Carlos Antonio Duarte Mendoza, Leonor Gonzaga Benítez, Jorge Amado Morínigo Vera y Hugo Javier Duarte Cabral. Los dos primeros fueron sentenciados en un primer juicio a 8 y 7 años de cárcel, mientras que Morínigo y Gonzaga fueron absueltos de culpa y pena. Ante este hecho, el fiscal de la causa Andrés Arriola apeló la resolución del tribunal de sentencia y la cámara de apelaciones anulo el fallo dictado en primera instancia y resolvió que se haga un nuevo juicio para los cuatro acusados.
El juez Juan Carlos Olmedo, quien fue presidente del tribunal de sentencia primeramente fijó para el 29 y 30 de diciembre del 2016 la realización del juicio oral para los acusados, pero después se "acordó" que el mismo había integrado el colegiado como suplente en el primer juicio, por lo que tomó la sorpresiva determinación de inhibirse del caso. Esta actuación, así como la de la jueza Fernández, es lo que llama la atención a los miembros de la Corte y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En su defensa, Olmedo trato de explicar siendo que se apartó del proceso porque anteriormente ya había integrado el tribunal de sentencia como miembro suplente. Inclusive, fue más preciso y expresó sobre la extinción de la causa; "No se extingue el proceso penal el 7 de febrero, sino el 17 del mismo mes", aseveró.
Mientras que la jueza Marisol Fernández fundó su inhibición del juicio señalando que la misma no es del fuero, por lo tanto no corresponde que integre el colegiado para el citado caso. Asimismo el juez Aquino se excusó señalando que fue defensor público en el año 2012 y en tal función asistió jurídicamente a los acusados.
Nuevo Tribunal juzgará a los acusados
El tribunal de sentencia de Villa Hayes, integrado por los jueces Cristian Bernal, Blas Cabriza y Sonia Villalba, son los que van a tener que juzgar a los cuatro acusados por intentar traficar casi 1.000 kilos de marihuana a Bolivia. El presidente del colegiado es Bernal, quien fijo para los días 13, 14 y 15 de febrero de este año, a días de la extinción de la causa, la realización del juicio oral y público.
La audiencia oral se desarrollará en la sala de juicio orales del Poder Judicial de Villa Hayes, ubicado en el edificio Bohemio. El juicio debe iniciarse a las 08:30, según la resolución del presidente del colegiado. Para el efecto ya fueron notificadas todas las partes.
Antecedentes
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Arsenio Yuruhan, Francisco Núñez y Eduardo Medina de Filadelfia habían absuelto de culpa y pena a los acusados Jorge Amado Morínigo y Leonor Gonzaga Benítez, mientras que condenó a Carlos Antonio Duarte Mendoza, a 8 años y a Hugo Javier Duarte a 7 años de cárcel.
El fiscal Andrés Arriola apeló la resolución del colegiado y la Cámara de Apelaciones, conformada por Ricardo Medina, Leonardo Páez y Teresa Gauto, anuló la decisión de los jueces de sentencia, y ordenó posteriormente que se haga un nuevo juicio para los cuatro procesados.
El procedimiento para la incautación de los casi 1.000 kilos se llevó a cabo en diciembre del 2012 en Mariscal Estigarribia, Chaco. Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas lograron detener dos camiones que transportaban postes de eucaliptos y dentro de la misma se encontró la droga, de acuerdo con los antecedentes del caso.