POR: VIVIANA ORREGO
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Escudándose entre rejas, tomando colegios y facultades, lanzando botellazos en señal de repudio a las autoridades, los estudiantes secundarios y universitarios fueron protagonistas de importantes cambios que se dieron en el ámbito de la educación media y universitaria en el 2016.
En primera instancia, los secundarios lograron tumbar del del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a la ex ministra, Marta Lafuente, y más adelante los universitarios lucharon por la renovación del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) que sigue en proceso.
El 2016 fue un año bastante movido. Las llamadas "tomas de colegios", una iniciativa de 10 adolescentes que surgió en repudio a una resolución ministerial que eliminó la autonomía de los centros de estudiantes y ordenó la dependencia de estos de las direcciones de los colegios, fue la mecha que generó una ola de movilizaciones.
La primera acción surgió el 2 de mayo, en el colegio República Argentina de Asunción y se extendió a otras, obligando, tres días después, a la entonces secretaria de Estado a renunciar del cargo.
El protagonismo estudiantil no terminó allí, ya que el 16 de setiembre en plena etapa de exámenes, salieron a las calles para exigir un mayor presupuesto para la educación, incluso, durante la marcha, frente al MEC, en repudio a una advertencia, arrojaron una botella de agua al entonces nuevo ministro, Enrique Riera, quien dijo, en su momento, que los que participaban de la movilización se llevarían "un gigantesco cero" y "ausente". Tras este incidente y mediante la presión, finalmente los secundarios lograron instalar el debate sobre la declaración de emergencia educativa en cuanto a infraestructuras escolares, uno de los principales déficit en el sistema educativo. Sin embargo, el proyecto de ley fue aprobado en el Congreso Nacional con el rótulo de "interés nacional".
Respecto al sector universitario, los estudiantes lograron el inicio de un cambio que se concentra en la renovación del código universitario, que permitió durante años la corrupción y el despilfarro de recursos que debían destinarse a los proyectos académicos de la UNA. La propuesta de estatuto presentado por la comisión REUNA que se encuentra aún en tratamiento en el seno de la asamblea universitaria.