"La objeción total al proyecto de Ley 5.789 del Presupuesto General de la Nación 2017 se sustenta firmemente en aspectos jurídicos con fuertes basamentos constitucionales que facultan totalmente al Poder Ejecutivo a hacer uso de sus atribuciones, las cuales están consagradas en la Constitución Nacional y en la Ley 1.535/99 de Administración Financiera", expresó el titular de la cartera económica.
Remarcó que es absolutamente claro que el presidente de la República, Horacio Cartes, tiene atribuciones constitucionales, sin restricciones, para objetar total o parcialmente una ley sancionada por el Congreso Nacional, facultad que también incluye a la Ley de Presupuesto.
Remarcó que si el veto no es rechazado por el Poder Legislativo quedará vigente el Presupuesto General de la Nación de este año, con todos los ingresos y gastos contemplados en el mismo, Peña aseguró el normal funcionamiento del Estado, mientras se defina en instancias legislativas.
El senador de la ANR, Gustavo Alfonso, tildó de "irresponsables" a los legisladores que permitieron las profundas modificaciones al proyecto de PGN 2017. "Desde el momento en que ellos mismos plantean la posibilidad de revisar a partir de marzo ampliaciones futuras y de corregir lo que está errado, ellos reconocen que obraron mal, que procedieron mal. Entonces, constituye una irresponsabilidad por parte del Congreso, y nos incluimos todos; pero la mayoría de los votos, ustedes saben de donde provienen", enfatizó.
El Poder Ejecutivo puso a consideración del Legislativo un Plan de Gastos de G. 69,160 billones (US$ 12.575 millones), lo que representó un crecimiento del 4,2% sobre el Presupuesto General de la Nación 2016 aprobado y que asciende a G. 66,383 billones (US$ 12.070 millones). Con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados quedó en G. 69,6 billones (US$ 12.042 millones) y finalmente, con la sanción en el Senado, ascendió a unos G. 67,4 billones (US$ 11.661 millones).