Para el economista César Paredes, la determinación del Ejecutivo se ajusta a la opción que tiene el Gobierno para mantener las cuentas públicas en línea, considerando el ánimo politizado dado por el parlamento al tratamiento y aprobación del PGN.

"Es una respuesta razonable a una medida poco razonable. Es un conflicto político que está afectando a la economía, cuando debería ir por otro ámbito al del proyecto de presupuesto. Me parece poco inteligente porque afecta a mucha gente", expresó.

El analista económico Amílcar Ferreira, manifestó a su vez que desde el sector privado se ve con mucha preocupación el deterioro de la gobernabilidad por conflictos políticos. Mencionó que la decisión del Ejecutivo al vetar el proyecto de PGN 2017 pareciera ser la más beneficiosa, al menos para permitirles responder a las necesidades que tienen como Gobierno, de seguir pagando la deuda, invertir en infraestructura, así como en los programas sociales. Esto, a modo de asegurar sus recursos y evitar que por ejemplo, el año próximo presenten el pedido de ampliación y finalmente no se les conceda.

Tras la sanción del PGN 2017, el Poder Ejecutivo –a través del Ministerio de Hacienda– debía buscar las alternativas para honrar los compromisos con los acreedores internacionales, considerando que en la propuesta de gastos se consignó la emisión y colocación de bonos soberanos por un volumen de US$ 558 millones, pero la Cámara Alta concedió la autorización de solo US$ 349 millones.

El PE contaba dentro de ese total con solo US$ 132 millones de los US$ 305 millones solicitados para el pago de la amortización de la deuda. Mientras que la aplicación de un límite a la capacidad que tiene el Banco Central del Paraguay (BCP) de implementar una política monetaria, le imposibilitaría un combate frontal a la inflación.