El Congreso Nacional remitió ayer la Ley Nº 5.789, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal del 2017, luego que la misma fuera sancionada por la Cámara de Senadores en la última sesión extraordinaria del 15 de diciembre del presente año. Según fuentes del Palacio de Gobierno, la tendencia sería la del veto total, "lo antes posible".
Si bien el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 20 días para expedirse sobre el plan de gastos para el año entrante, debería resolverlo antes de fin de año, a fin de que la ley pueda entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2017. Mientras aguardaban que se remitiera la ley sancionada, desde el Ejecutivo los técnicos del Ministerio de Hacienda han trabajado durante toda esta semana analizando a profundidad la opción más viable para el Estado.
Cabe recordar que el PGN 2017 tiene un déficit fiscal –más gastos que ingresos– de 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB). La ley sancionada por el Congreso Nacional ha fijado un presupuesto por valor de 67,4 billones de guaraníes (unos 11.650 millones de dólares). Mientras que el Ejecutivo había solicitado la aprobación del presupuesto por G. 69,1 billones (US$ 11.955 millones).
Una de las principales objeciones que el Ejecutivo está realizando al plan presupuestario aprobado por el Senado tiene que ver con el recorte en la emisión de bonos soberanos solicitado por la cartera de Hacienda. En el presupuesto se fijó en US$ 349 millones, de los US$ 558 millones que solicitaba el Gobierno. El ministro Santiago Peña había dicho que ese recorte afectaría el pago de las deudas y podría generar el cese de pago de deudas estatales, default.
Otro aspecto duramente criticado por el Ejecutivo tiene que ver con la política monetaria que afecta al Banco Central del Paraguay (BCP). El Senado aprobó un articulado mocionado por el senador Miguel Ángel López Perito, de Avanza País, que estableció un tope a ese presupuesto.
Para el titular del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, esto es inconstitucional, ya que la Constitución otorga autonomía a la banca matriz. También considera que a través del PGN no puede añadirse un artículo sobre la política monetaria, porque no es acorde.