Un grupo de represores de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron este viernes por primera vez perdón por sus crímenes. Este gesto fue duramente rechazado por familiares de las víctimas que calificaron la medida como un "show mediático".
En el marco de una celebración religiosa, Raúl Iturriaga, uno de los jerarcas de la temida policía política del régimen, pidieron perdón por sus crímenes. Fue en el interior del penal de Punta Peuco, una cárcel especial en que cumplen condenas un centenar de agentes de la dictadura, nueve de los internos.
"Dios está haciendo algo extraordinario en este país. Esto no había podido ser posible hasta hace poco", dijo a periodistas el pastor anglicano Pablo Alvarez al final de la ceremonia, a la que no tuvo acceso la prensa.
Rechazamos este show mediático y exigimos justicia #ImpunidadJamás #PuntaPeuco pic.twitter.com/BdNX3sUXE4 AFEP Chile (@AFEPChile) 23 de diciembre de 2016
"Show mediático"
En las afueras del penal, unos 50 familiares de víctimas de la dictadura se apostaron desde temprano para expresar su rechazo a la ceremonia. Calificaron el acto de "show mediático" destinado a conseguir una rebaja en su condena o una amnistía, por su avanzada edad.
"Tenemos el derecho y la moral de estar aquí para no permitir este show mediático", dijo Alicia Lira, de la Agrupación de familiares de ejecutados políticos.
"Nadie de los que escuché pidió que se le rebajara la pena o se le diera la amnistía", afirmó por su parte el sacerdote católico Fernando Montes, también presente en la ceremonia.
1184 causas
Punta Peuco es una cárcel especial para condenados por delitos de lesa humanidad y en la que los internos cuentan con mejores condiciones frente al resto de la población penal. Allí cumplen condenas por secuestros, torturas y asesinato un centenar de exmilitares y agentes civiles de la dictadura. El saldo del gobierno de Pinochet es de 3.200 muertos o desaparecidos y unos 28.000 torturados.
"Estamos hablando de hombres que cometieron crímenes horribles", abundó Lira. Instó a los represores a dar a conocer toda la información que aún no entregan para hallar a los cerca de 1.000 detenidos que permanecen desaparecidos.
La justicia chilena mantiene abiertas 1.184 causas penales por crímenes contra los derechos humanos. Esto de acuerdo a un informe anual de la Universidad Diego Portales.
Las agrupaciones de víctimas afirman que solo un 5% de los casos ha logrado ser resuelto.