Suman las denuncias contra la defensora general del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Noyme Yore, y el director de Planificaciones, Germán "Yiyo" Fatecha, en los últimos meses y días de este año. Esta vez, Yore es señalada por un supuesto caso de nepotismo dentro de la institución, que tiene como protagonistas a Gloria Duarte, directora de la Contraloría Jurisdiccional, y María José Guerreros, jefa de Auditoría Programada y Reacción Inmediata.

Según los denunciantes, estas dos personas fueron beneficiadas por la defensora general del MDP con un viaje a Colombia para participar del "VIII Congreso Latinoamericano sobre Niñez, Adolescencia y Familia", a pesar de que sus funciones dentro de la Defensoría no están relacionadas al tema tratado en el simposio.

Explicaron a La Nación que Gloria Duarte es amiga íntima de Noyme Yore y pareja sentimental de su hermano, Assad Yore, ex juez penal de Garantías de Luque; mientras que María José Guerreros forma parte del círculo de amigas de Natalia Álvarez Yore, sobrina de Noyme Yore y actual secretaría general del MDP. "Guerreros fue parte del staff de funcionarios de la Secretaría General del MDP en años anteriores", añadieron.

De acuerdo a la planilla de funcionarios de la institución, perteneciente al mes de noviembre de este año, ambas se embolsan al mes alrededor de G. 18.098.184 y G. 11.664.565 respectivamente, gracias a varios beneficios que perciben cada una, como por ejemplo, subsidio médico, responsabilidad en el cargo y viáticos.

Los funcionarios denunciantes explicaron a nuestro medio que "a la Contraloría Interna le compete medir el desempeño y cumplimiento de las funciones de los defensores públicos y el funcionariado dentro del ámbito jurídico". Por otro lado, explicaron que el trabajo realizado por funcionarios de la Dirección de Contraloría Jurisdiccional del MDP consiste en la creación de una base de datos estadísticos, con la finalidad de implementar medidas correctivas a futuro.

Dicho esto, no se explica qué hacían estas funcionarias en el "VIII Congreso Latinoamericano sobre Niñez, Adolescencia y Familia", dirigido a personas relacionadas con la defensa y los derechos del niño, adolescente y la familia, como por ejemplo, defensores públicos, asistentes de defensoría del fuero de la niñez, psicólogos y asistentes sociales.

Coincidentemente, el nombre de María José Guerreros había saltado en diciembre del 2015 en una publicación que hacía referencia a una lista de funcionarios beneficiados mensualmente con jugosos viáticos en el Ministerio de la Defensa Pública.

La nota señalaba que Natalia Álvarez Yore –sobrina de Noyme Yore– y su grupo de cinco amigas y compañeras de oficina, entre ellas María José Guerreros, fueron beneficiadas con jugosos salarios para asistir a un curso de especialización en la Universidad Nacional de Rosario.

Asimismo, el medio mencionaba que aparentemente ninguno de estos funcionarios se sometieron al sistema de selección de becas, ni mucho menos rindieron algún tipo de examen para constatar su calificación como becarios. Se sospecha que todas estas personas habrían sido adjudicadas de manera directa.

Actualmente, la defensora general, Noyme Yore, se encuentra procesada por el delito de usurpación de funciones públicas desde marzo de este año, luego de que la jueza penal de Garantía, María Gricelda Caballero, admitiera la imputación presentada por los fiscales Josefina Aghemo y José Dos Santos en ese mismo mes contra Yore.

En la imputación, los representantes del Ministerio Público alegaron que Yore violó el artículo 23 de la Ley Nº 4423/11 al designar como nuevos defensores públicos a los abogados particulares Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa y Lorenzo Ramón Vera Gamarra, hoy también procesados.

El apartado explica claramente que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de designar a los defensores públicos, previa selección en ternas por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, Yore hizo caso omiso, excediéndose en el ejercicio de sus funciones, ya que la misma solo puede realizar nombramientos de funcionarios administrativos y auxiliares, previo concurso público de oposición.

El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, presentó el lunes 5 de diciembre de este año una denuncia contra la titular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Noyme Yore, por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El desencadenante fue el reclamo de 65 reclusos de las penitenciarías de Tacumbú y Buen Pastor, quienes revelaron que no son atendidos correctamente por sus respectivos defensores públicos.

En conversación con la 970 AM, el defensor del Pueblo explicó que tras entrevistar a los reos constataron que ninguno conoce a sus defensores y mucho menos saben de pasos procesales y en qué circunstancias se encuentran sus expedientes.

Ante este escenario, Godoy solicitó un informe sobre la cantidad actual de presos o personas con privación preventiva de libertad, detectando que más de 2.700 se encuentran sin sentencias, así como que el 70% de los reclusos de Tacumbú son representados por defensores públicos.

"Decidimos poner esta situación a conocimiento del JEM, a los efectos que tome cartas en el asunto. El proceso penal abierto contra Yore y la falta de política funcional de la Defensoría General deja en claro que hay un mal desempeño de funciones, de manera reiterada", sentenció Godoy.

A fin de contar con las versiones de Gloria Duarte y María José Guerreros, La Nación contactó con ellas, quienes reconocieron haber participado del "VIII Congreso Latinoamericano sobre Niñez, Adolescencia y Familia".

En el caso de Gloria Duarte, precisó que ella misma se hizo cargo de todos los gastos para asistir al simposio: "Yo pagué todo de mi bolsillo, gracias a Dios siempre pago todos mis cursos, el Ministerio de Defensa Pública no pagó nada por mí", expresó Duarte, cuyo nombre efectivamente no aparece en la planilla de viáticos pagados en el mes de octubre de este año para el viaje a Colombia, donde se realizó el evento.

Por su parte, María José Guerreros dijo a La Nación que fueron en un grupo grande, pero negó que el tema tratado no tenga nada que ver con la función que cumple en el MDP. "Soy una profesional, abogada, y trabajo justamente en todo lo que se refiere a derecho y ese congreso fue sobre derecho", subrayó.

Guerreros sí aparece entre los cuatro funcionarios a quienes se les asignó un viático (G. 3.929.748) para participar del mencionado simposio, junto a Cristina Zarza, Nancy Salinas y Natalia Álvarez Yore, sobrina de la defensora general, quien sin embargo no realizó el viaje y devolvió el monto asignado como viático (G. 4.292.065) conforme a la boleta de depósito Nº 569964. Estos datos están disponibles en la página web del MDP.